Galicia afronta estos días la mayor catástrofe medioambiental de su historia reciente. El incendio que comenzó en Chandrexa de Queixa, unido a los frentes de Vilariño de Conso y Mormentelos, ha calcinado ya 16.000 hectáreas. En total, la provincia de Ourense acumula más de 40.000 hectáreas devastadas, sobre un balance que supera las 41.000 en toda la comunidad. Se trata del mayor incendio registrado en Galicia desde que existen estadísticas, por encima del Courel en 2022 (11.800 hectáreas) y de Valdeorras ese mismo verano (10.500).
La líder del BNG, Ana Pontón, ha propuesto un fondo urgente de 200 millones de euros destinado a la recuperación social y ambiental de las zonas afectadas.
El balance no es solo medioambiental. Decenas de municipios han tenido que confinar a sus habitantes; aldeas enteras ardieron sin recibir ayuda; las principales vías de comunicación entre las principales villas y ciudades de la provincia han sufrido cortes y el servicio ferroviario interrumpido. Los bomberos forestales hablan de “sensación de derrota” y el propio director xeral de Defensa do Monte admitió en la Radio Galega que el dispositivo está “empezando a desbaratarse”. La Xunta mantiene sin cubrir casi 200 plazas en los servicios antiincendios y sindicatos denuncian helicópteros parados por falta de tripulación.
En este escenario, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha delegado protagonismo en Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó la crisis para hacer campaña electoral utilizando la desgracia de miles de gallegos. Mientras las llamas avanzaban en Ourense, el líder estatal del PP desplazaba al presidente de la Xunta lanzando arengas contra Sánchez. Rueda se sitúa así en un papel subalterno, renunciando a ejercer como líder del gobierno gallego en el peor incendio de la historia de Galicia.
A todo ello se suma la apuesta de la Xunta por la macrocelulosa de Altri, a la que está allanando la llegada con trámites acelerados y un clima favorable a su instalación.
La emergencia ha vuelto a poner de relieve las carencias de un modelo forestal y de prevención heredado de quince años de gobiernos del PPdeG. Falta de limpieza en los montes, ausencia de franjas de seguridad en torno a viviendas, abandono del rural y expansión del monocultivo de eucalipto conforman un cóctel que convierte cada ola de calor en una amenaza de dimensiones crecientes. A todo ello se suma la apuesta de la Xunta por la macrocelulosa de Altri, a la que está allanando la llegada con trámites acelerados y un clima favorable a su instalación. Este proyecto, dependiente del monocultivo intensivo, intensifica la presión sobre el territorio y refuerza un modelo forestal que multiplica el riesgo de incendios.
Frente a esta situación, la líder del BNG, Ana Pontón, ha propuesto un fondo urgente de 200 millones de euros destinado a la recuperación social y ambiental de las zonas afectadas. El plan contempla indemnizaciones por daños, ayudas a sectores agrícola y ganadero, reparación de infraestructuras y proyectos de restauración ecológica. Pero la iniciativa no se queda en la emergencia inmediata: Pontón ha tendido la mano a Rueda y reclamado un acuerdo de país que implique a BNG y Xunta y siente las bases de una nueva política forestal y de prevención.
Ese pacto debería marcar, en palabras de la nacionalista, un punto de inflexión definitivo y sin vuelta atrás en la gestión de los montes gallegos y la lucha contra los incendios abandonando la precariedad. La prioridad ahora es apagar el fuego y garantizar la seguridad de las poblaciones amenazadas, pero el debate de fondo ya no puede posponerse más. Galicia no puede asumir como normal que cada verano se repita la misma tragedia, ni aceptar que la respuesta institucional consista en pedir más medios al Estado mientras se descuida la prevención durante el invierno.
Pontón ha tendido la mano a Rueda y reclamado un acuerdo de país que implique a BNG y Xunta y siente las bases de una nueva política forestal y de prevención.
La combinación de abandono rural, precariedad en los servicios de extinción y expansión del eucalipto demuestra, año tras año, ser letal. Ha quedado al descubierto una vez más una gestión de la Xunta insuficiente, descoordinada y tardía. Con todo, Rueda y Pontón pueden en este escenario articular un acuerdo que no se limite a apagar el incendio sino que defienda a Galicia las próximas décadas de un inexorable cambio climático que presiona cada vez más el territorio. El presidente autonómico tiene la suerte de contar con una oposición responsable para alcanzar un consenso de largo recorrido.
La catástrofe de Ourense marca un antes y un después. No solo por el récord histórico de hectáreas calcinadas, sino porque ha dejado al descubierto la vulnerabilidad estructural de Galicia y la frivolidad de Feijóo y Rueda para anticipar y gestionar crisis de esta magnitud. A partir de ahora, el país se enfrenta a una encrucijada: continuar con un modelo que ha demostrado sus límites o accelerar un tiempo de acuerdos entre las dos principales fuertaz que sitúen la prevención y la sostenibilidad en el centro, blindando Galicia ante los desastres climáticos.
El incendio de Chandrexa de Queixa no es solo el mayor de la historia; es la señal de alarma que obliga a repensar por completo el futuro de los montes gallegos.
