Galicia dejará pasar la condonación parcial de deuda autonómica aprobada por el Gobierno esta semana, una decisión política de alto voltaje que el presidente Alfonso Rueda trata de justificar por “equidad” y “rigor” fiscal, lo que en realidad es un rechazo ideológico —y reactivo por su origen en acuerdos que el BNG ha defendido— a un alivio financiero que reduciría el pasivo gallego en 4.010 millones. La cifra no es menor: equivale a un tercio de la deuda de la Xunta y está prevista en el anteproyecto de ley que transfiere al Estado 83.252 millones del endeudamiento autonómico (régimen común) en varias fases.
El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley que habilita al Estado a asumir deuda autonómica según un esquema en dos etapas: primero, una condonación proporcional basada en población ajustada; después, un refuerzo para que ninguna comunidad quede por debajo de ~19–19,3% de quita sobre su deuda elegible. Además, hay un módulo corrector por infrafinanciación relativa. En conjunto, la operación suma 83.252 millones y conlleva un ahorro agregado en intereses de 6.5–7.0 mil millones. Para Galicia, la Delegación del Gobierno cifra la condonación potencial en 4.010 millones, una reducción del 33% de su pasivo.
Con la ley en tramitación y la adhesión voluntaria, la renuncia anunciada por la Xunta significa, en la práctica, mantener una deuda más alta de la que podría tener Galicia y seguir abonando los intereses asociados. No habría un ingreso presupuestario directo por 4.010 millones, pero sí una mejora inmediata del balance que, de aceptarse, elevaría la solvencia de la comunidad ante los mercados y reduciría su factura financiera futura. Incluso bajo las actuales reglas fiscales —que impiden convertir el ahorro financiero en más gasto computable—, la menor carga de intereses y el menor déficit hacen más fácil cuadrar presupuestos y reorientar recursos en el medio plazo, si cambian las reglas o se obtienen nuevos márgenes en el CPFF. Negarse por principios deja intacto el pasivo y los pagos financieros, y por tanto encarece cualquier estrategia de inversión pública futura en comparación con las comunidades que sí se acojan.
La decisión de Rueda resulta difícil de explicar en términos puramente económicos —saneamiento gratis hoy y financiación más barata mañana—, pero políticamente implica una submisión a la línea de su partido: varias autonomías del PP han anunciado que tampoco acudirán, aunque objetivamente se beneficien. La lectura política es transparente: rechazo a una medida que el PP identifica con la agenda que empuja el BNG. La decisión es cuanto más sorpresiva ya que la oposición podrá esgrimir que el Gobierno gallego renuncia por ideología a una ventaja financiera disponible para todos, con cifra nominal conocida y efectos contables inmediatos.
La condonación no arregla la financiación autonómica – cosa que Rueda se niega a negociar con Madrid como sí hacen Euskadi o Cataluña las dos otras comunidades consideradas nacionalidades históricas – pero mejora el punto de partida: de entrada, menos deuda y mejor acceso a los mercados; después, más capacidad de maniobra si el CPFF actualiza reglas y modelo. En ese tablero, no adherirse equivale a cargar con una mochila más pesada que la de los vecinos. La política explica el gesto; la contabilidad y el sentido común, no tanto.
