Este verano, miles de gallegos siguen pagando por circular por la AP-9. Lo llevan haciendo desde 1979, cuando se inauguró el primer tramo de esta autopista construida con fondos públicos y pensada para ser liberada de peajes en 2012. Pero no será así. Ni este verano ni el siguiente. Tendrán que esperar, si nadie lo remedia, hasta el 18 de agosto de 2048.
La razón es tan escandalosa como deliberada: el Gobierno de José María Aznar prorrogó en el año 2000 la concesión de la AP-9 durante 25 años más sin concurso público, vulnerando tanto la legislación española como la normativa comunitaria. Hoy, casi un cuarto de siglo después, la Comisión Europea lo confirma en un dictamen formal enviado a España. Exige que se adopten medidas correctoras inmediatas. Y, de no hacerlo, llevará al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La posibilidad de que la concesión sea anulada está sobre la mesa.
La operación fue cuidadosamente planificada. Tras el accidente del buque Discoverer Enterprise que dañó la ponte das Pías en Ferrol, el Gobierno de Aznar decidió ampliar la autopista hasta esta ciudad. Pero lo hizo de forma opaca: modificó el contrato de concesión original, prorrogando 25 años la explotación de la AP-9 a cambio de una obra de menos de 10 kilómetros, sin licitación ni concurso público.
Lo que la Comisión Europea califica ahora como una “modificación sustancial equivalente a una nueva concesión” fue, en realidad, una maniobra para engordar el valor de la empresa pública concesionaria, Audasa, integrada en la entonces Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Tres años después, en 2003, Aznar vendió la totalidad de ENA a un consorcio liderado por Sacyr, junto con el Santander, Caixa Galicia, Caixanova y Torreal, el fondo del empresario Juan Abelló.
Audasa pasó así de ser una sociedad pública a convertirse en una lucrativa máquina de ingresos para capital privado, garantizados por peajes perpetuos. Desde entonces, los beneficios de la compañía se han disparado, alcanzando cifras cercanas a los 70 millones anuales, con aportes extra de fondos públicos que cubren descuentos y subvenciones a usuarios. Mientras, su deuda sigue superando los mil millones.
Aznar y su equipo sabían que aquella prórroga era ilegal. Por eso, en mayo de 2003, apenas cuatro días antes de cerrar la venta de ENA, el Ejecutivo derogó a escondidas el artículo 25.2 de la ley que prohibía ampliaciones de concesiones sin concurso abierto. Lo hizo a través de una disposición final de la Ley 13/2003, publicada un sábado en el BOE, sin exposición de motivos ni debate parlamentario.
Lo llamativo es que el propio Consejo de Estado emitió un dictamen favorable a la prórroga sin mencionar la ley entonces vigente que la prohibía. Y, más sorprendente aún, es que los sucesivos gobiernos —incluido el de Pedro Sánchez— han seguido defendiendo esa decisión durante años, a pesar de saber que Europa la cuestionaba. El Ministerio de Transportes, en una respuesta parlamentaria de 2021, llegó a justificar la prórroga citando el artículo que el PP había derogado precisamente para hacerla posible.
El procedimiento de infracción abierto en 2021 por la Comisión Europea concluyó este 17 de julio con un “dictamen motivado” que considera ilegal la prórroga de Aznar. Bruselas sostiene que España vulneró la directiva europea sobre concesiones públicas al no sacar a licitación la ampliación de la AP-9. También denuncia la falta de transparencia y el trato desigual que esta operación supuso para el resto de operadores potenciales.
El Ejecutivo español dispone ahora de dos meses para responder y adoptar medidas. De no hacerlo, el caso pasará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría declarar nula la prórroga y obligar a liberar la autopista.
La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha pedido al Gobierno central que aproveche esta “puerta legal” abierta por Bruselas para rescatar la AP-9. Recuerda que un estudio de la Universidade da Coruña cifra en 904 millones el coste del rescate, que se vería compensado por el ahorro que supondría dejar de abonar anualmente las subvenciones a la concesionaria. Y añade: si la prórroga es ilegal, no debe pagarse lucro cesante a Audasa, que ya ha amenazado con reclamar más de 1.000 millones si pierde la concesión.
