Si algo se ha demostrado en esta legislatura es que con la actual aritmética parlamentaria, y la que probablemente saldrá de las próximas elecciones generales, los partidos periféricos con agendas territoriales propias serán fundamentales para la conformación de mayorías y para sacar adelante proyectos legislativos. La importancia que han tenido en estos cinco últimos años formaciones como ERC, EH Bildu o el PNV para dar la gobernabilidad del Estado, siendo fundamentales a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado o leyes como la de la vivienda, la de la eutanasia o la reforma de las pensiones, se ha traducido también en una mayor cuota de poder para estas zonas del país. Una fuerza que no ha tenido Galicia, quien solo cuenta con un diputado de un partido nacionalista, el BNG, y que se encuentra dentro del Grupo Parlamentario Múltiple junto a JuntsxCat, Más País Equo y Compromís. «Hay algo que siempre se repite. Se dice ‘qué bien negocian los catalanes y los vascos, qué bien defienden sus intereses‘. Es por una razón: porque tienen grupos fuertes en Madrid, nacionalistas, para defender a sus naciones. Eso es lo que queremos en el BNG», aseguró recientemente la líder del BNG, Ana Pontón, en la presentación de Néstor Rego como cabeza de lista por A Coruña para el Congreso.
«Hay algo que siempre se repite. Se dice ‘qué bien negocian los catalanes y los vascos, qué bien defienden sus intereses’. Es por una razón: porque tienen grupos fuertes en Madrid, nacionalistas, para defender a sus naciones. Eso es lo que queremos en el BNG»
Galicia afronta actualmente grandes retos a medio y largo plazo que dependen, en gran medida, de políticas y programas estatales. El mejor ejemplo es la carencia en infraestructuras de transporte, siendo uno de los territorios peor vertebrados del Estado. Algo que convierte a la comunidad en menos competitiva a nivel económico e industrial. Además, la falta de un sistema de comunicaciones público amplio y moderno afecta también a la capacidad de Galicia para fijar población. Y es que la crisis demográfica que sufre España y Europa, es especialmente preocupante en la comunidad gallega. No ha sido hasta noviembre de 2021 cuando la alta velocidad llegó a Galicia, aunque solo parcialmente, ya que zonas de gran densidad de población, como el norte de la provincia de A Coruña, aún están a la espera de conectarse a esta red. Además, solo un 6% de la red de carreteras gallegas son de alta capacidad. La consecución o no de estos retos depende en gran parte de la financiación de los diferentes proyectos y políticas públicas, condicionadas en gran parte por las aportaciones realizadas desde Madrid. Sin embargo, otras comunidades, como Cataluña o el País Vasco, cuentan con unos sistemas retributivos y fiscales más independientes y han logrado así más autonomía para financiarlos.
En el caso del País Vasco, el apoyo de los partidos nacionalistas a los acuerdos presupuestarios de esta legislatura se ha traducido en importantes para el territorio, como la renovación del Cupo, que regula la contribución económica de la comunidad vasca al Estado central, así como la transferencia de los Cuarteles de Loiola al control y gestión del Gobierno vasco. Además, se han logrado avances en la oficialidad de las selecciones vascas, la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, subvenciones para proyectos de I+D y energías renovables, y mejoras en infraestructuras para el bienestar de la ciudadanía vasca.Por su parte, Cataluña, quien históricamente ha tenido un mayor peso territorial en el Congreso a través de partidos soberanistas, ha sido la comunidad autónoma más beneficiada en términos de transferencias desde 1978 hasta 2022, con un total de 190 competencias. Entre los avances más recientes, Cataluña ha asumido la ampliación de los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como la gestión del tributo sobre depósito de residuos en vertederos. Además, el Gobierno central está en conversaciones con el Govern para llevar a cabo otras transferencias, como la competencia de becas, la gestión del Ingreso Mínimo Vital y edificios públicos del Estado.
Consideran fundamental «establecer un nuevo sistema de financiación basado en un concierto, que les permita recaudar el 100% de los recursos y luego negociar con el Estado.»
En este sentido, el BNG cuenta en su agenda que se centra en tres niveles de medidas. En primer lugar, buscan lograr la transferencia de todas las competencias pendientes, lo que implicaría obtener un mayor poder político para Galicia. Para lograr esto, proponen que el Parlamento gallego active una ponencia que permita alcanzar un nuevo estatus que reconozca a la comunidad como nación. Además, consideran fundamental establecer un nuevo sistema de financiación basado en un concierto, que les permita recaudar el 100% de los recursos y luego negociar con el Estado.
