El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, presentó este miércoles su dimisión tras conocer que ha sido imputado por un presunto delito de agresión sexual. La renuncia fue comunicada por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en una comparecencia institucional que, lejos de cerrar el episodio, abrió interrogantes aún más graves sobre la gestión interna del Partido Popular de Galicia y la cultura política del Ejecutivo gallego.
Según las propias palabras de Rueda, los hechos que motivaron la denuncia ocurrieron el pasado mes de febrero. Desde entonces, el presidente conocía su existencia. Sin embargo, no informó de ello a la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien afirmó haberse enterado de la imputación en el mismo momento que el resto de la ciudadanía: cuando el conselleiro comunicó su dimisión.
Esa desconexión entre los dos principales vértices orgánicos del partido —Presidencia de la Xunta y Secretaría General del PPdeG— revela una fractura interna difícil de explicar. Que Rueda decidiese ocultar durante cuatro meses una denuncia de tal gravedad a su número dos orgánica plantea serias dudas sobre el grado de coordinación, confianza y transparencia con el que se gobierna Galicia.
La propia Xunta, por boca del presidente y de varios de sus conselleiros, se esforzó en enmarcar la dimisión como un gesto “que honra” al conselleiro. Un lenguaje que ha sido duramente criticado por sectores de la oposición, colectivos feministas y voces del ámbito académico, al considerar que dignificar la renuncia de un alto cargo imputado por un delito de violencia sexual es propio de una cultura política anacrónica y profundamente insensible. Especialmente cuando, durante toda la jornada, ni el Gobierno gallego ni el Partido Popular emitieron una sola mención a la presunta víctima, ni expresaron un mínimo gesto de empatía o prudencia.
Por su parte, la oposición actuó con rapidez: apoyó explícitamente a la denunciante, aunque en algunos casos con una contundencia que generó reproches por ignorar el principio de presunción de inocencia. Más allá de la legítima denuncia política, el momento podría haber servido para abrir un debate profundo sobre las violencias sexuales, el abuso de poder, y las dinámicas específicas que se producen en agresiones dentro de contextos íntimos o relacionales. Una oportunidad que, como tantas otras, fue desaprovechada.
La crisis no solo afecta a la imagen del Gobierno gallego. Cuestiona también la solidez institucional del PPdeG, que una vez más parece operar como un engranaje opaco, centrado en preservar sus equilibrios internos antes que en rendir cuentas ante la ciudadanía. La pregunta que permanece es incómoda pero inevitable: ¿qué tipo de cultura política permite que un caso así se silencie durante meses sin que nadie en el partido se sienta obligado a actuar?
