La maniobra para arrebatar la alcaldía con la firma de una exedil socialista que llegó al consistorio tras la muerte de tres compañeros —la alcaldesa incluida— se sostiene sobre una plaza pública convocada a medida, una conselleira pillada en falso y la oposición frontal de buena parte de la propia cúpula popular. A doce meses de las municipales, parece más un disparo en el pie que una estrategia.
Tres muertes, una tránsfuga y una plaza pública convocada en el momento más oportuno. Esos son los tres pilares sobre los que el PP de Galicia se dispone a arrebatar el próximo 7 de mayo la alcaldía de Lugo a la coalición de PSdeG y BNG. La cuarta ciudad gallega lleva 31 años sin un alcalde popular. La líder provincial del partido, Elena Candia, lo sabe. Y lleva semanas empujando una operación que ha incomodado incluso a parte de la cúpula del PPdeG, incluido —según ha trascendido en los círculos del partido— el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que en un primer momento se mostró reticente a respaldarla.
La cronología de la operación es ya conocida pero merece la pena recordarla en orden. En las elecciones de 2023, PSdeG y BNG sumaron mayoría absoluta para gobernar Lugo. Tras los comicios, sin embargo, la fatalidad golpeó al grupo socialista en tres ocasiones: primero falleció el concejal Pablo Permuy, luego la alcaldesa Paula Alvarellos, y a comienzos de este mes de abril la edil de Cohesión Social, Olga López Racamonde. Tres muertes en poco más de un año.
María Reigosa, la número 11 de la candidatura socialista de 2023, accedió al consistorio precisamente para sustituir a Permuy. Pasados unos meses, abandonó el grupo socialista y quedó como no adscrita. Y ahora, convertida ya en tránsfuga, va a firmar la moción que dará la alcaldía al PP. La ironía política es difícil de pasar por alto: Reigosa nunca habría llegado a concejala si no hubiese muerto un compañero de lista.
A esa cronología de duelos se suma un movimiento administrativo que ha hecho saltar las alarmas en la oposición. El 21 de abril —el mismo día en que se confirmaba la operación—, la Consellería de Medio Ambiente convocó una comisión de servicio para cubrir la Jefatura de Servicio del Litoral en Lugo. El plazo de admisión: hasta el 27 de abril. El perfil requerido: ingeniería de caminos, canales y puertos. Reigosa es ingeniera de caminos y funcionaria de la demarcación de Costas del Estado. La coincidencia, en palabras del comunicado conjunto de PSdeG y BNG locales, es «significativa».
La conselleira Ángeles Vázquez aseguró públicamente que la plaza estaba vacante y que la convocatoria era rutinaria. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, lo desmintió punto por punto: «Esa plaza está ocupada desde mayo de 2025 en concurso específico, es decir, un funcionario de la Xunta puesto a dedo. Esa misma persona sigue actualmente ocupando esa plaza en comisión de servicios». Es decir: la titular nunca dimitió ni fue cesada. Reigosa anunció después que no optaría a ese puesto. Pero Rueda, preguntado directamente, no descartó que la exsocialista pueda aspirar «a alguna otra plaza pública» en la Xunta.
En perspectiva politológica, la operación es un disparate. Una sondaxe encargada por el PSdeG a Celeste-Tel y publicada por El Progreso indica que el 55% del electorado lucense rechaza la moción y que, a las elecciones municipales de 2027, PSdeG y BNG reeditarían la mayoría de gobierno. La plataforma cívica Transfuguismo non, democracia si, surgida espontáneamente para oponerse a la maniobra, llevó el viernes 24 de abril a 6.500 personas a la Praza Maior de Lugo. Es una de las concentraciones más numerosas que la ciudad recuerda en su historia reciente.
A doce meses de las municipales, el cálculo coste-beneficio es ruinoso. El PP gobernará un año con la legitimidad cuestionada, dependiente de una tránsfuga, sin posibilidad legal de incorporarla al gobierno municipal, y arrastrando el coste reputacional de haber instrumentalizado la administración autonómica para facilitar la operación. Y todo ello para presentarse en mayo de 2027 ante un electorado que, según los datos disponibles, ya rechaza la jugada por mayoría amplia.
Es la octava alcaldía que el PP arrebata en este mandato apoyándose en transfuguismos o cambios de voto. La de Lugo es, por su tamaño y por la crudeza del contexto, la más grave. La pregunta que queda sobre la mesa no es si Candia tomará el bastón de mando el 7 de mayo —lo tomará—, sino cuánto le va a costar al PP gallego haber convertido a la cuarta ciudad de Galicia en el laboratorio de su estrategia más cuestionable.
