Desde la Transición, la vida política española se ha movido al ritmo de un patrón que se repite: un partido gobierna, acumula escándalos, cae, y el otro llega prometiendo regeneración hasta que reproduce el ciclo. PP y PSOE han hecho de esa rotación su forma natural de relevarse en el poder. La pregunta es si Galicia está condenada a habitar ese mismo guion o si puede escribir otro distinto.
Conviene mirar la política española de las últimas cinco décadas con cierta distancia, porque solo así se aprecia el patrón. No los casos uno a uno —que se acumulan hasta el aturdimiento— sino la estructura que dibujan. Y la estructura es notablemente estable: en España, los gobiernos no suelen caer por agotamiento de su proyecto ni por derrota limpia en el terreno de las ideas. Caen por corrupción. Es la corrupción, una y otra vez, lo que acaba tumbando a quien manda y abriendo la puerta al que espera.
El guion se ha repetido con una regularidad casi litúrgica. Los gobiernos de Felipe González, tras catorce años de hegemonía socialista, se hundieron bajo el peso de los GAL, Filesa, el caso Roldán, el caso Juan Guerra: una sucesión de escándalos que abarcaban desde la financiación ilegal del partido hasta el terrorismo de Estado. En 1996, el votante identificó al PP de Aznar como la alternativa de regeneración. El nuevo gobierno llegó prometiendo limpieza.
El círculo vicioso finalizará no reemplazando un partido del bipartidismo por el otro sino apostando por quien nunca ha formado parte de su reparto.
Una década después, fue el PP el que se desmoronó. La Gürtel —la mayor trama de corrupción institucional de la democracia española, con el partido condenado como beneficiario— acabó tumbando a Mariano Rajoy en 2018 mediante la primera moción de censura exitosa de la democracia. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, otra vez, en nombre de la regeneración.
Y el ciclo, lejos de romperse, se ha vuelto a cerrar sobre sí mismo. El gobierno de Sánchez vive hoy atrapado en su propia versión del guion: el caso Koldo, las mordidas en contratos públicos, dos exsecretarios de Organización del PSOE señalados, las investigaciones sobre el entorno familiar del presidente. Hasta Felipe González, desde dentro, ha pedido elecciones. El partido que llegó denunciando la corrupción del adversario se encuentra ahora exactamente donde estaba aquel al que desalojó.
Cincuenta años, dos partidos, un solo mecanismo. La corrupción no es un accidente en el sistema español: es el combustible que mueve su alternancia. Cada relevo en el poder se ha producido menos por la fuerza de un proyecto que por el desgaste moral del anterior. Y quien llega sabe —porque lo ha visto— que su turno también terminará del mismo modo.
Aquí es donde Galicia ofrece un caso digno de atención. No por excepcionalismo identitario —no se trata de atribuir a los gallegos virtudes morales superiores, que sería tan falso como pretencioso— sino por razones verificables de cultura institucional. Los datos son tozudos: en el segundo semestre de 2025, el Consejo General del Poder Judicial no registró ni un solo procedimiento por corrupción abierto en Galicia, frente a las decenas que se acumulaban en otras comunidades. No es una anomalía estadística aislada; responde a una forma de entender lo público que, con sus claroscuros, ha tendido a primar la estabilidad y el rigor administrativo sobre las redes clientelares más groseras.
Y sin embargo, hay una paradoja que conviene señalar. Esa Galicia institucionalmente más sobria lleva décadas gobernada, casi sin interrupción, por una de las dos fuerzas que protagonizan a escala estatal el guion del que hablábamos. El mismo partido cuya marca nacional fue condenada por la Gürtel administra la Xunta con mayoría absoluta. La pregunta incómoda es por qué un electorado que rechaza la corrupción en las urnas sigue confiando el gobierno a quien la encarna en Madrid. La respuesta, probablemente, tiene que ver con la ausencia percibida de una alternativa creíble: durante años, el votante gallego de centro no encontró dónde depositar su deseo de limpieza sin sentir que cambiaba de modelo de país.
Ese vacío está empezando a llenarse. Porque en Galicia existe, y esto es lo singular, una tercera vía que no participa del ciclo. El BNG —la segunda fuerza en la comunidad-, con presencia en cientos de ayuntamientos, con responsabilidades de gobierno en muchas de las grandes ciudades del país— no ha protagonizado en más de cuatro décadas de historia ni un solo caso de corrupción a escala institucional. Ni caja B, ni financiación ilegal, ni trama de adjudicaciones. Nada que figure en los repositorios judiciales. En el panorama político español, donde la corrupción es casi una constante del poder, esa hoja en blanco no es un detalle menor: es una rareza histórica.
No se trata de pulcritud sobrevenida ni de suerte. Se trata de naturaleza. El bipartidismo desarrolló, a lo largo de medio siglo, las estructuras que hacen sistémica la corrupción —los mecanismos de financiación opaca, las redes de favores, la confusión entre partido e institución—. El nacionalismo gallego, sencillamente, nunca las construyó. Y un partido que no ha levantado esa maquinaria difícilmente puede reproducir el guion que esa maquinaria hace posible.
De modo que la pregunta con la que cerrábamos ya no es del todo retórica. Si la política española lleva medio siglo atrapada en el mismo ciclo de corrupción y relevo, Galicia tiene, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad material de salirse de él. No reemplazando un partido del bipartidismo por el otro —eso sería seguir dentro del guion— sino apostando por quien nunca ha formado parte de su reparto. La comunidad que menos corrupción registra de España podría, llegado el caso, ser también la que demuestre que existe una forma de gobernar que no termina, inevitablemente, en los juzgados. El BNG lleva tiempo ofreciéndose para esa tarea. La decisión, como siempre, es de los gallegos.
