De la deserción que entregará la alcaldía de Lugo al PP a la concejala tránsfuga de A Coruña condenada por el Supremo, los socialistas gallegos llevan más de una década encadenando episodios de fuga interna que la ciencia política viene explicando desde hace tiempo: una organización débilmente institucionalizada, levantada casi de cero tras la transición, sin tejido militante propio en buena parte del territorio.
La operación de Lugo no es un accidente aislado. Es el último episodio —el más grave por su dimensión simbólica— de una secuencia que se repite con preocupante regularidad en el PSdeG: concejales que abandonan el partido, ediles que pactan con el PP contra sus propios gobiernos, fichajes procedentes de otras siglas que terminan generando problemas legales, y candidaturas locales en las que los puestos secundarios parecen elegirse con criterios poco exigentes. Llevamos más de una década viéndolo. Y no es casualidad.
En A Coruña, la concejala Mónica Martínez Lema, exedil de Ciudadanos, cruzó al gobierno socialista de Inés Rey en 2020 al frente del Área de Deportes, con una subida salarial de 44.000 a 60.000 euros. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la declaró tránsfuga en 2022, sentencia que el Tribunal Supremo confirmó posteriormente, obligándola a devolver más de 31.000 euros y forzando su renuncia. La corporación socialista, según el TSXG, había contravenido la Ley Orgánica de Régimen Local y el Pacto Antitransfuguismo. Es el caso más sólido jurídicamente: hay sentencia firme.
La enésima operación, esta vez en Lugo, es la más elocuente, pero es sobre todo el síntoma de una enfermedad estructural que los socialistas gallegos nunca han tenido interés en corregir desde la transición.
En Outes, en febrero de 2025, el concejal José Antonio Caamaño, expulsado del PSdeG, firmó junto al PP una moción de censura que tumbó al gobierno tripartito de Compromiso por Outes, PSdeG y BNG. El propio PSdeG provincial reclamó posteriormente al Ayuntamiento la aplicación inmediata de la legalidad y advirtió que acudiría a las instancias administrativas y judiciales para no permitir «que se consolide una situación ilegal ni que se premie el transfuguismo con cargos y retribuciones». El edil llegó a integrarse en el nuevo gobierno popular, lo que un informe inicial de la secretaría municipal consideró incompatible con el pacto antitransfuguismo.
En Forcarei, apenas un mes después de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2025 que eliminó las cautelas legales sobre las mociones de censura con tránsfugas, el concejal Rafael Fiestras —elegido en 2023 en las listas del PSOE— firmó con el PP la moción que el 31 de julio devolvió la alcaldía a la popular Belén Cachafeiro, retirándole el bastón de mando a la socialista Verónica Pichel. El propio PSdeG provincial de Pontevedra denunció formalmente la operación ante la Comisión del Pacto Antitransfuguismo y exigió a Rueda que rectificara, pero la moción salió adelante apenas dos semanas después.
Y ahora Lugo. María Reigosa, número 11 de la candidatura socialista de 2023 que entró al consistorio para sustituir al concejal fallecido Pablo Permuy, abandonó el grupo socialista, quedó como no adscrita y va a firmar el 7 de mayo la moción que entregará la alcaldía al PP, 31 años después. Antes de eso, Olga Louzao – quien fuera portavoz del partido Ciudadanos – aterrizó como jefa de gabinete de alcaldía, lo cual es muy elocuente sobre el perfil habitual de las personas con carnet del PSOE en Galicia.
Tan frecuente es esta situación en el PSdeG que no es la primera vez que Elena Candia, la futura alcaldesa de Lugo, accede a una institución gracias al desencanto de un cargo socialista. Ya en 2015 se convirtió en presidenta efímera de la Diputación de Lugo cuando el entonces alcalde de Becerreá, Manuel Martínez (PSOE), enfrentado con su partido, optó por votarse a sí mismo en lugar de al candidato socialista. Cuatro meses después, una moción de censura la devolvió a la oposición.
El politólogo Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de la Universidade de Santiago de Compostela, dedicó hace ya más de veinte años un análisis sistemático al asunto. Su trabajo «O Partido Socialista de Galicia-PSOE (1973-2001): un caso de débil institucionalización», publicado en 2003 en la obra colectiva Os partidos políticos en Galicia (Xerais), coordinada por Xosé Manuel Rivera Otero junto a Xosé Luis Barreiro Rivas y Nieves Lagares Díez, ya formulaba el diagnóstico que hoy sigue explicando el comportamiento del partido: el PSdeG nació con una institucionalización débil, sin la base militante histórica de la que sí gozaba en otros territorios del Estado, y nunca llegó a consolidar un arraigo territorial comparable al del BNG o al PP gallego. La consecuencia operativa de esa debilidad estructural es la que estamos viendo otra vez con María Reigosa en Lugo.
Jiménez Sánchez argumentaba en 2003 que el PSdeG había sido, durante toda su historia, un partido con problemas estructurales para institucionalizarse: ausencia de una tradición militante consolidada, dependencia excesiva de liderazgos personales, y captación de cuadros locales que, en muchos concellos, respondían más a oportunidades coyunturales que a un compromiso ideológico estable con el proyecto socialista. Esa diagnosis, formulada hace dos décadas, sigue ofreciendo el mejor marco analítico para entender lo que ocurre hoy.
La debilidad institucional tiene consecuencias concretas. Cuando una organización política no dispone de un tejido militante denso y de una cultura interna sólida, la frontera entre el cargo electo y el partido se vuelve porosa. El acta se percibe más como propiedad personal que como mandato colectivo. Y los criterios de selección para los puestos secundarios de las candidaturas se relajan, porque no hay suficientes perfiles formados y arraigados disponibles para cubrirlos.
El resultado es lo que llevamos viendo años: una recurrencia de episodios que el PP gallego, con una organización mucho más institucionalizada, ha aprendido a explotar sistemáticamente. Ocho mociones de censura en este mandato, buena parte de ellas apoyadas en deserciones del PSdeG. La operación de Lugo es la culminación, pero también el síntoma de una enfermedad estructural que los socialistas gallegos nunca han tenido interés en corregir desde la transición.
