En las últimas semanas, el sistema público de medios de comunicación de Galicia —representado fundamentalmente por la Televisión de Galicia (TVG) y la Radio Galega (RG)— ha intensificado una lógica de producción y reproducción discursiva nítidamente alineada con las coordenadas narrativas del Partido Popular de Galicia. Este fenómeno, lejos de constituir una mera coincidencia coyuntural entre agenda mediática y agenda partidaria, se manifiesta como una estrategia sostenida de ataque y deslegitimación del Bloque Nacionalista Galego, articulada a través de mecanismos de enmarcado ideológico, jerarquización informativa y omisión selectiva de los portavoces nacionalistas.
Marta Darriba, presentadora del Telexornal, leyendo su móvil.
La estrategia de invisibilización es tal que a Ana Pontón no ha sido entrevistada desde la pasada campaña electoral hace ya más de un año.
Uno de los episodios más reveladores de esta lógica se produjo el 1 de mayo, cuando el telexornal y el portal G24 —plataforma digital de la CRTVG— publicó un vídeo titulado “A UPG, forza hexemónica do BNG, volve pedir a independencia de Galicia”. A pesar de non ser una noticia nin una posición ideológica que se refiriese como tal al BNG, sino simplemente a uno de los colectivos que forman parte de el, la noticia figuraba acompañada de imágenes de Ana Pontón para provocar la vinculación directa con la portavoz del BNG, y se prescindía de toda contextualización.
Por otra banda, durante el mes de abril, los servicios informativos de la TVG reprodujeron de forma reiterada las intervenciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que calificaba al BNG como “inepto” y “mentiroso”, presentando a su portavoz como una figura sin agencia ni programa propio. Estas declaraciones, lejos de ser contrastadas o contextualizadas, fueron elevadas a titular informativo, incorporadas sin matiz en las piezas de apertura de los noticiarios y reforzadas mediante su repetición en distintos soportes.
Este uso sistemático del insulto como categoría informativa no constituye una anomalía retórica, sino una estrategia discursiva deliberada que busca deslegitimar moralmente al adversario político. Las intervenciones del BNG en materias sustantivas como sanidad, economía o modelo industrial son sistemáticamente reducidas a notas marginales, desprovistas de contexto analítico y, en muchos casos, introducidas como contrapunto estilístico del discurso gubernamental. La desigual distribución del tiempo, la jerarquía de voces y la selección léxica conforman un ecosistema mediático profundamente asimétrico.
La estrategia de invisibilización es tan indisimulada que a Ana Pontón, líder de la oposición no há sido entrevistada en el ente público desde la pasada campaña electoral hace ya más de un año. Tampoco pasa desapercibida la infrarepresentación del segundo espacio político del país en las escasas tertulias políticas existentes en Radio Galega y Televisión de Galicia.
Un caso paradigmático de esta lógica se evidenció durante la cobertura del acto institucional de homenaje a Castelao, donde la TVG informó falsamente que el BNG no había participado. Esta información fue posteriormente desmentida en sede judicial, lo que obligó a la cadena a emitir una rectificación. Sin embargo, la circulación inicial de la falsedad ya había surtido efecto: durante horas, la opinión pública fue expuesta a una narrativa que representaba al BNG como desinteresado por los símbolos fundacionales de Galicia.
La convergencia entre el aparato comunicativo del PPdeG y los medios públicos es parte de un dispositivo estable de gobernabilidad mediática que silencia cualquier voz disidente.
Este tipo de errores no deben interpretarse como disfunciones técnicas aisladas, sino como errores performativos que consolidan un régimen de verosimilitud útil al relato hegemónico. Del mismo modo, la cobertura de episodios clave como la crisis energética, el proyecto industrial de la pastera Altri o la aprobación de la ley audiovisual ha estado marcada por la centralidad del punto de vista gubernamental, con escasa o nula presencia de las voces del BNG, y con énfasis en categorías estigmatizantes como “bulo”, “alarmismo” o “manipulación”.
La exclusión sistemática de analistas críticos o expertos independientes en los espacios de tertulia refuerza esta arquitectura del silencio. En consecuencia, la ciudadanía accede a una representación del conflicto político radicalmente filtrada, que limita su capacidad de agencia crítica y deteriora las condiciones de deliberación democrática.
La convergencia entre el aparato comunicativo del PPdeG y los medios públicos gallegos no puede explicarse únicamente desde una lógica de instrumentalización puntual, sino como parte de un dispositivo estable de gubernamentalidad mediática. La reiteración de marcos como “radicalismo”, “independentismo” o “deslealtad institucional” no responde solo a una práctica de etiquetado, sino a una pedagogía política orientada a normalizar la exclusión del BNG como actor legítimo del sistema.
Esta arquitectura de exclusión simbólica opera mediante la saturación del discurso oficial y la desactivación de alternativas. A través de una gramática mediática que convierte al poder en sinónimo de neutralidad, los medios públicos gallegos se transforman en vectores de legitimación, abandonando su función como garantes del pluralismo y la fiscalización democrática.
