La portavoz del BNG Ana Pontón, ha calificado de «escándalo» las acciones del gobierno de José María Aznar en relación con la autopista AP9. En una reciente comparecencia, Pontón ha anunciado que su partido solicitará la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego para esclarecer las circunstancias y responsabilidades políticas vinculadas a la privatización y extensión de la concesión de la AP9.
Pontón ha subrayado que existen «demasiadas zonas de sombra» en los procesos de privatización y ampliación de la concesión de la AP9, procesos que han sido reiteradamente señalados por la Comisión Europea como ilegales. La líder nacionalista ha recordado que el gobierno del PP planificó la privatización de Audasa desde 1999, utilizando la prórroga de la concesión de 25 años como un medio para aumentar el valor de mercado de la autopista. Según Pontón, estas acciones no tenían otro propósito que favorecer la especulación y el negocio, a costa de que los gallegos y las gallegas pagaran más peajes.
La Comisión Europea ha advertido sobre la ilegalidad de la prórroga de la concesión, lo que refuerza la necesidad de investigar a fondo estas decisiones.
La Comisión Europea ya ha advertido en dos ocasiones sobre la ilegalidad de la prórroga de la concesión, lo que refuerza la necesidad de investigar a fondo estas decisiones. Pontón espera que el PP no use su mayoría en el Parlamento para vetar esta investigación, permitiendo así que la ciudadanía conozca la verdad y se depuren las responsabilidades políticas que corresponda.
Durante su intervención, Pontón también criticó el «negocio ruinoso» que supuso la privatización de la AP9 para el Estado español. La autopista fue vendida, junto con otras dos, por aproximadamente 1.500 millones de euros. Sin embargo, el coste estimado para el rescate de la AP9 se sitúa actualmente entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros, lo que evidencia, según Pontón, una estafa a las arcas públicas.
Además de la pérdida económica, Pontón destacó las numerosas irregularidades y abusos que se han registrado en torno a la gestión de la AP9. Señaló que el gobierno de Aznar concedió beneficios fiscales a la concesionaria y permitió incrementos abusivos en los peajes. Un informe del Tribunal de Cuentas de 2004 ya había alertado sobre los cuantiosos beneficios económicos y tributarios que recibía la concesionaria, incrementados aún más por los ingresos de los peajes.
La extensión de estos beneficios hasta el año 2048 fue, según Pontón, una estrategia para seguir favoreciendo a quienes accedieran al control de la AP9 tras su privatización. Esta decisión, afirma, también activó un sistema de puertas giratorias, ya que en 2005 Sacyr, principal accionista de Itinere y de la concesión de la AP9, contrató a Arias Salgado, el exministro de Fomento que gestionó la ampliación de la concesión, junto con otros dos altos cargos de AENA Infraestructuras. La portavoz del BNG insistió en que es fundamental conocer quiénes fueron los responsables de estas decisiones, por qué se tomaron y con qué objetivo, ya que los grandes perjudicados han sido los ciudadanos gallegos, quienes han soportado peajes excesivos debido a estas maniobras especulativas.
La extensión de estos beneficios hasta el año 2048 fue una estrategia para seguir favoreciendo a quienes accedieran al control de la AP9 tras su privatización.
En respuesta a preguntas de la prensa, Pontón también se refirió a la ampliación de los plazos para el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra el Estado español. Consideró que lo lógico sería que el Gobierno central renunciara a ese plazo y aceptara el dictamen de la Comisión Europea, permitiendo así hacer justicia con los gallegos y poner fin a una concesión que ella calificó como «una estafa legalizada».
Finalmente, Pontón reiteró la postura del BNG respecto a la financiación autonómica, abogando por que Galicia negocie bilateralmente un sistema de financiación que beneficie a la comunidad. Criticó al presidente de la Xunta por no tener autonomía en este asunto y estar subordinado a las decisiones del Partido Popular en Madrid, instándole a defender los intereses de Galicia.
La solicitud del BNG para investigar la privatización de la AP9 busca arrojar luz sobre unas decisiones políticas que, según Pontón, perjudicaron gravemente a la ciudadanía gallega, permitiendo a grandes grupos especular con una infraestructura vital para la región.
