El debate en torno al sistema de financiación autonómica ha cobrado nueva relevancia en Galicia a raíz de la propuesta formulada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para reformar el Estatuto de Autonomía. Esta propuesta no solo introduce un giro estratégico en la política autonómica gallega, sino que también sitúa a Galicia en el centro del debate nacional sobre la redistribución del poder fiscal. El objetivo de la reforma es habilitar un marco jurídico que permita a la comunidad acceder a un modelo de concierto económico, equiparable al que ya disfrutan Euskadi y Navarra, y que también es reivindicado por Catalunya. La iniciativa aspira a dotar a Galicia de plena soberanía fiscal y financiera, lo que implica gestionar de forma autónoma la totalidad de sus ingresos tributarios a través de una hacienda propia y con una arquitectura institucional diferenciada.
La propuesta, presentada públicamente por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se fundamenta en la necesidad de superar el actual modelo de financiación, que, según la formación nacionalista, perpetúa un desequilibrio estructural que limita las posibilidades de desarrollo económico de Galicia. A juicio del BNG, la carencia de autonomía fiscal impide a la comunidad adaptar su política económica a las especificidades del territorio, bloqueando la implementación de políticas públicas más eficaces y perjudicando especialmente a sectores estratégicos como el rural, la innovación o la industria local. Los nacionalistas pactaron con el gobierno central que Galicia nunca quede atrás cuando las otras nacionalidades históricas alcanzan nuevas cotas de soberanía, reconocimiento o status.
La reforma plantea un avance hacia un nuevo modelo de autogobierno más eficiente y beneficioso económicamente para situar a Galicia en el podio de las Comunidades más ricas y avanzadas.
El modelo de concierto económico que se propone implicaría establecer una relación bilateral con el Estado central en la que Galicia asumiría la responsabilidad de recaudar todos los tributos generados dentro de su territorio, como ya hacen dos de las comunidades más ricas (Euskadi y Navarra) y a la que probablemente se adherirá Cataluña. Posteriormente, se pactaría una cantidad a transferir a la administración estatal por los servicios que esta continúe prestando. Este cambio de paradigma exigiría necesariamente una reforma del Estatuto de Autonomía para dotarlo del marco legal adecuado que permita formalizar una relación financiera diferenciada y jurídicamente sólida.
Desde una perspectiva técnica, el diseño del concierto económico gallego se articula en torno a tres ejes fundamentales. El primero es la territorialización del sistema fiscal, que conferiría a Galicia capacidad normativa plena para establecer, modificar y gestionar su propio sistema tributario. El segundo consiste en la creación de una Axencia Tributaria Galega, dotada de competencias plenas en recaudación, inspección, gestión y sanción fiscal. El tercero establece la obligatoriedad de que todas las empresas que operan o explotan recursos en Galicia tributen efectivamente en la comunidad. Esta última medida busca atajar lo que el BNG considera un «expolio fiscal sostenido», derivado de prácticas que permiten a grandes empresas, especialmente del sector energético y financiero, tributar en otras comunidades a pesar de desarrollar su actividad económica en suelo gallego.
Los argumentos del BNG se apoyan en datos económicos que, según la formación, evidencian un desfase significativo entre los ingresos que el Estado obtiene de Galicia y los recursos que finalmente se reintegran a través de inversión pública y financiación autonómica. En 2022, según datos proporcionados por el propio BNG, el Estado recaudó más de 15.385 millones de euros en Galicia, pero el retorno efectivo no superó los 10.041 millones. Esta diferencia de más de 5.000 millones refuerza, según Pontón, la necesidad de una corrección estructural que garantice mayor equidad fiscal interterritorial. Para el BNG, este desequilibrio fiscal contribuye a consolidar una imagen injustificada de Galicia como una comunidad subsidiada, cuando en realidad es una contribuyente neta al conjunto del Estado.
El actual modelo de financiación está diseñado para mantener un control centralizado sobre los recursos, lo que imposibilita una política territorial eficaz y adaptada a las necesidades gallegas.
Más allá de la dimensión económica, la propuesta adquiere una carga política y simbólica significativa. El BNG la enmarca dentro de una estrategia de ampliación del autogobierno y de afirmación nacional, que busca dotar a Galicia de herramientas reales para ejercer su capacidad de decisión en materias fundamentales. Esta visión contrasta abiertamente con la actitud del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien la formación nacionalista acusa de inmovilismo, falta de ambición y subordinación política a los intereses del Gobierno central. Según el BNG, el actual modelo de financiación está diseñado para mantener un control centralizado sobre los recursos, lo que imposibilita una política territorial eficaz y adaptada a las necesidades gallegas.
En este contexto, la propuesta del BNG no se limita al ámbito legislativo, sino que aspira a convertirse en una iniciativa con respaldo popular. La formación ha anunciado una campaña de pedagogía política y movilización social para trasladar el debate al conjunto de la ciudadanía. A través de actos públicos, materiales divulgativos y encuentros sectoriales, el objetivo es construir un consenso amplio que legitime la reforma estatutaria y fortalezca la posición negociadora de Galicia ante el Estado. Esta estrategia se basa en la convicción de que una propuesta de este calado requiere no solo viabilidad técnica y respaldo institucional, sino también una base social sólida y movilizada que actúe como motor del cambio.
La reforma del Estatuto para la adopción de un sistema de concierto económico constituye una apuesta de fondo por la transformación del papel de Galicia dentro del Estado. En un momento de revisión del modelo de financiación autonómica y de creciente reconocimiento de las singularidades territoriales, esta propuesta sitúa a Galicia en el tablero de una negociación clave que puede redefinir el equilibrio fiscal y político en España. El BNG plantea así un proyecto integral que combina ambición institucional, justificación económica y movilización social, con el objetivo de que Galicia avance hacia un nuevo modelo de autogobierno más eficiente y beneficioso económicamente, justo, y adaptado a su realidad nacional.
