La moción del BNG, defendida por su portavoz Ana Pontón, pretendía reformar el Estatuto gallego para implantar un concierto económico que devolviera a la comunidad la «llave de su dinero» . Pontón aseguró que el régimen actual es «discriminatorio» porque Galicia pierde miles de millones de euros al año, citando un informe del Consello de Contas que calcula un déficit acumulado de 13.875 millones entre 2009 y 2021 . Los nacionalistas recordaron además que un sistema similar existe en Euskadi y Navarra «desde hace décadas» y que incluso PP y PSOE lo apoyan allí . Advirtieron también que Cataluña está dando pasos hacia una financiación singular propia, por lo que Galicia «no puede quedarse atrás» en el control de sus recursos .
La líder del BNG, Ana Pontón, defendió en la tribuna del Parlamento gallego su propuesta de concierto económico. En su intervención lamentó que el «bipartidismo» del PPdeG y el PSdeG repitiera «la milonga de que Galicia es pobre» mientras antepone «una ideología centralista» a los intereses gallegos . Pontón insistió en que, bajo el modelo actual, Galicia soporta el citado déficit de 13.875 millones y subrayó que el concierto permitiría mejorar el bienestar en sanidad, educación o dependencia, acabando con el «centralismo financiero». Destacó que resulta «absurdo» que Galicia tenga competencias esenciales pero sea el Estado quien recauda los impuestos y luego decide cuánto le toca; en su diagnóstico, la Administración central se queda cada año con «más de 5.000 millones de euros» recaudados en la comunidad .
Frente a ello, los portavoces del PPdeG y del PSdeG defendieron votar en contra de la iniciativa. El popular Alberto Pazos Couñago la tachó de «ruina para Galicia», pues sacrificaría «el bienestar de los gallegos» en pos de un «paraíso nacionalista» que ningún elector había respaldado en las urnas . Pazos aseguró que la mayoría del PP protege a Galicia de ese «fanatismo que empobrecería Galicia irremediablemente» . Recordó que el Grupo Popular reivindica hace años un nuevo sistema de financiación «más justo y equilibrado», basado en la «solidaridad y en la igualdad» entre todos los españoles . Además, atacó la credibilidad del BNG: acusó a Pontón de haber creado una «fachada de moderación» que ahora abandona, ironizando que «ya nada queda del liderazgo chachi de Pontón» y que «o mentía entonces o miente hoy» .
Por su parte, la diputada Patricia Iglesias (PSdeG) explicó que los socialistas no podían respaldar el concierto porque lo veían como un modelo «excluyente e insolidario» que rompería la solidaridad interterritorial . Defendió que el sistema actual permite a Galicia «tener mejor capacidad de gasto» gracias a mecanismos comunes de nivelación que se perderían con el concierto . En su opinión, cualquier estudio riguroso señala que el concierto sería «nefasto» para Galicia, pues implicaría que la comunidad «perdiera 2.000 millones» de euros al año . No obstante, Iglesias subrayó que el PSdeG también aboga por más autonomía fiscal; en este sentido, instó a la Xunta a reforzar la Agencia Tributaria gallega (ATRIGA) y a mejorar la gestión impositiva propia, evitando «aislarse» del resto. Reclamó que lo que Galicia necesita es «justicia, solidaridad e igualdad de oportunidades», no un régimen especial que la «privilegiese» a costa de otros .
El resultado de la votación fue el esperado: populares y socialistas sumaron sus votos para tumb ar la toma en consideración de la proposición de ley del BNG, de modo que la iniciativa no prosperó . El único parlamentario no adscrito presente, Armando Ojea (Grupo Mixto), se abstuvo . Con ello, el modelo foral para Galicia quedó de nuevo sobre la mesa, sin apoyo parlamentario suficiente por parte del bipartidismo gallego.
Tras la sesión, la portavoz nacional del BNG lamentó la actitud del PPdeG y PSdeG. Pontón criticó que ambos partidos hayan «vuelto a repetir la milonga de que Galicia es pobre y vive de la solidaridad del Estado», y volvió a acusarlos de poner su «ideología centralista» por delante de los intereses gallegos . Reiteró que Galicia no pide «más que nadie» sino «tener la llave de nuestro dinero para decidir lo que es nuestro» .
El debate se produce en un contexto más amplio de revisión del sistema de financiación autonómica. A nivel estatal, Gobierno y Generalitat de Cataluña negocian un modelo singular de financiación para esa comunidad. Se ha avanzado que Cataluña asumiría la recaudación total de ciertos tributos (por ejemplo, su Agencia Tributaria gestionaría el 100% del IRPF catalán a partir de 2026) como primer paso hacia el nuevo modelo . Sin embargo, fuentes oficiales precisan que ese pacto catalán solo cedería la recaudación, no la gestión ni la inspección de los impuestos . En la práctica, eso significa que la Generalitat haría el «trabajo sucio» de cobrar los impuestos para Hacienda central: seguirá siendo la Administración estatal la que calcule las entregas a cuenta y distribuya los ingresos, como sucede ahora .
En este escenario contrasta el caso vasco-navarro. En Euskadi y Navarra el concierto económico lleva décadas vigente y concede plena gestión y recaudación fiscal a esos gobiernos regionales (contribuyendo luego con una cuota de solidaridad al Estado). Allí, PP y PSOE nunca han cuestionado el régimen foral . Como observan expertos citados en la prensa, mientras en Cataluña se debate si cambiar o no el «canal» de recaudación, la verdadera pugna histórica es por quién controla el dinero y la «llave» del presupuesto propio . En el caso de Galicia, la ausencia de consenso bipartito dejó sin efecto la propuesta del BNG, lo que los nacionalistas consideran una oportunidad perdida para avanzar hacia la equidad financiera que, alegan, disfrutan otras «nacionalidades históricas» .
