El cambio del canon eólico propuesto por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha generado críticas por parte de la portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, Ana Pontón, que ha asegurado que Galicia perderá 1,6 millones de euros “só en 2026 e só en oito parques” mientras hay “300.000 persoas na pobreza enerxética”.
La confrontación se produjo en sede parlamentaria, donde Pontón no limitó su intervención a cuestionar la cuantía económica del ajuste, sino que la enmarcó dentro de un modelo de gobierno que, a su juicio, prioriza los intereses de las grandes compañías energéticas frente a las necesidades del país. La líder del BNG planteó la cuestión en términos de elección política: si existen recursos públicos limitados, la decisión de reducir la aportación fiscal de las eléctricas implica, indirectamente, renunciar a destinarlos a políticas sociales o de dinamización económica.
Proponen la creación de una tarifa eléctrica gallega y de mecanismos públicos de gestión energética que compensen por los costes medioambientales y sociales de producción
La medida en discusión afecta al impuesto autonómico que pagan las empresas por instalar aerogeneradores en el territorio gallego, impulsada por la administración autonómica, la propuesta introduce ajustes que reducen la carga efectiva en determinados supuestos, algo que el Ejecutivo justifica por razones de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Desde el punto de vista del Partido Popular, el objetivo es favorecer un marco atractivo para la inversión privada y consolidar el crecimiento del sector renovable en Galicia. Sin embargo, para Pontón, esta medida es un claro ejemplo de cómo se beneficia al sector privado y no al conjunto de la ciudadanía, acusando a Rueda de gobernar para las eléctricas y no por los intereses de la comunidad. Los nacionalistas recordaron el concurso eólico propuesto en ese momento por el BNG durante el bipartito e ilegalizado por el Partido Popular porque “por primeira vez, a enerxía se poñía ao servizo do País”, con esta referencia el BNG reivindica aquel momento como un intento de vincular el desarrollo eólico a compromisos industriales y sociales más amplios, en los que la implantación de parques debía ir acompañada de creación de empleo y retorno económico para el territorio.
Para ilustrar la posbilidad de gobernar de otra forma en relacion co la energía, Pontón puso de ejemplo al alcalde de Muras, el nacionalista Manuel Requeijo, que actuó para que los vecinos y vecinas de la localidad se beneficiaran de la riqueza eólica en el ayuntamiento con más eólicos de toda Galicia, proponiendo una tarifa por la que no tendrán que pagar la luz y trabajando para lograr más recursos en el financiamiento de los servicios sociales. La portavoz del partido nacionalista cuestionó de esta manera al presidente gallego, preguntándole si tomará ejemplo o si en cambio seguirá regalándole millones de euros al lobby eléctrico.
En coherencia con esta posición, el BNG defiende la creación de una tarifa eléctrica gallega y de mecanismos públicos de gestión energética que garanticen mayor control sobre los beneficios del sector y que compensen a Galicia por los costes medioambientales y sociales de producción, abogando por una política energética que vaya a favor de la ciudadanía y no hacia las empresas energéticas.
