El reciente apagón eléctrico que afectó a la península ibérica puso en evidencia no solo las deficiencias estructurales del sistema energético español, sino también las profundas diferencias en la gestión institucional y el enfoque político que adoptaron los diferentes territorios. Así, mientras la vecina Portugal respondía con celeridad, declarando el estado de emergencia energética y movilizando recursos estratégicos desde el primer momento, la Xunta de Galicia optó por delegar la gestión en el Gobierno central al solicitar el nivel 3 de emergencia, lo que en la práctica implicó una renuncia explícita a ejercer las competencias autonómicas en un contexto de crisis.
Esta decisión ha sido objeto de duras críticas desde múltiples frentes, en especial por parte del BNG, que la interpretan como una muestra de subordinación institucional y falta de confianza en la capacidad del autogobierno gallego. La viceportavoz parlamentaria nacionalista, Olalla Rodil, afirmó que la Xunta actuó siguiendo directrices del Partido Popular a nivel estatal y no en función de las necesidades reales del territorio. Esta denuncia se acompaña de una solicitud de comparecencia urgente del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento para explicar los motivos de la renuncia de competencias en plena emergencia.
Galicia, que genera parte sustancial de la energía consumida en otros territorios, no cuenta con mecanismos para garantizar su propio abastecimiento prioritario.
La gestión comunicativa por parte del Gobierno gallego también ha sido ampliamente cuestionada. Durante las primeras horas del apagón, las autoridades autonómicas emitieron mensajes poco claros y contradictorios, lo que generó una fuerte confusión entre la ciudadanía. Uno de los sectores más afectados fue el educativo, donde se sucedieron decisiones erráticas: primero se comunicó la suspensión de la actividad en centros escolares y se indicó que el profesorado no debía acudir; horas más tarde, se emitieron contraórdenes que alteraron completamente la instrucción anterior. Esta descoordinación institucional provocó situaciones de caos en numerosos centros, evidenciando la falta de preparación de la administración para gestionar crisis de este tipo.
Frente a este escenario, el Gobierno portugués activó de inmediato una estructura específica de gestión de emergencias energéticas. El primer ministro, Luís Montenegro, priorizó el funcionamiento de servicios esenciales como la sanidad, la seguridad y las telecomunicaciones, y se comunicó con total transparencia a la ciudadanía sobre el alcance y evolución del apagón. Portugal incluso decidió suspender temporalmente el intercambio eléctrico con España como medida preventiva, subrayando su voluntad de garantizar el suministro interno y su capacidad de operar con relativa autonomía en momentos críticos.
La crisis ha intensificado el debate sobre la centralización del sistema eléctrico español, así como sobre la urgencia de avanzar hacia una gobernanza más descentralizada y plural. Galicia, pese a ser una comunidad altamente productora de energía (representando en torno al 9% de la producción estatal y exportando hasta un 40% de su electricidad), fue una de las últimas en recuperar el suministro tras el apagón. Este hecho resulta especialmente simbólico: la región que genera parte sustancial de la energía consumida en otros territorios no cuenta con mecanismos para garantizar su propio abastecimiento prioritario.
El diseño del sistema eléctrico nacional, centrado en una red radial que privilegia los ejes que conectan con Madrid, perpetúa una lógica centralista herencia de modelos del siglo XVIII. En este contexto, la Red Eléctrica Española (REE), a pesar de cotizar en bolsa, mantiene una gobernanza controlada por el Estado central, lo que deja a las comunidades productoras sin poder efectivo sobre decisiones fundamentales. Esta arquitectura organizativa dificulta el desarrollo de modelos alternativos basados en la equidad territorial, la eficiencia descentralizada y el reconocimiento de las especificidades regionales.
Galicia, como comunidad productora y exportadora de energía, reclama un lugar en la toma de decisiones, un sistema más justo y la capacidad de protegerse cuando la red falla.
Además de las consecuencias inmediatas del apagón, la situación ha revelado la vulnerabilidad estratégica de Galicia en términos de autonomía energética. Esta crisis podría haberse mitigado si existieran mecanismos de almacenamiento y regulación propios, o si la comunidad dispusiera de competencias plenas para gestionar su producción y distribución. Expertos del sector han alertado sobre la necesidad de invertir en infraestructuras de respaldo, sistemas inteligentes de red y tecnologías de estabilización que permitan afrontar la creciente intermitencia de las energías renovables.
El BNG, en este contexto, ha reiterado su propuesta de crear una Agencia Gallega de la Energía, con competencias reales para regular la producción, almacenamiento, transporte y uso de la energía en Galicia. Esta agencia estaría conectada con las redes europeas, pero contaría con capacidad ejecutiva propia para diseñar políticas adaptadas a las características del territorio. Asimismo, la formación nacionalista ha reclamado una auditoría sobre el impacto económico del apagón, que habría afectado de forma significativa a sectores clave como la industria agroalimentaria, la logística, el turismo y los servicios esenciales.
También se ha señalado la necesidad de revisar el papel de las grandes eléctricas en la planificación del sistema energético. Diversas voces denuncian que las inversiones en infraestructuras de respaldo y modernización no han sido proporcionales al impulso dado a la producción renovable en la última década. La falta de equilibrio entre generación y almacenamiento habría sido uno de los factores desencadenantes del colapso, tal como han reconocido informes técnicos preliminares. Esta brecha estructural pone en cuestión el modelo energético actual, que prioriza el beneficio privado a corto plazo por encima de la resiliencia y la seguridad del sistema.
Más allá de los aspectos técnicos, la cuestión energética es hoy también una cuestión de soberanía, planificación democrática y justicia territorial. Galicia, como comunidad productora y exportadora de energía, reclama un lugar en la toma de decisiones, un sistema más justo y la capacidad de protegerse cuando la red falla. La lección del apagón es clara: la energía no es solo un recurso, es también poder, y Galicia no puede seguir renunciando a ejercerlo.
