El presidente de la Xunta anunció en el Debate del Estado de la Autonomía un plan de control de bajas laborales con foco en la salud mental y los problemas musculoesqueléticos, y reforzó el papel de las mutuas privadas. Pontón le respondió con los datos que Rueda no citó: Galicia es la segunda comunidad con menos bajas de España, tiene 21 psicólogos para 400 centros de salud y la lista de espera en traumatología ha crecido un 113% desde la pandemia
Alfonso Rueda dedicó uno de los bloques centrales del Debate sobre el Estado de la Autonomía a lo que definió como «un problema muy serio»: las bajas laborales. El presidente de la Xunta esgrimió que Galicia es «la segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas» y que la duración media de las mismas supera los 60 días, lo que supuso la pérdida de «más de 2.200 millones de euros, el 3% del PIB». El diagnóstico, presentado como preocupación objetiva, venía acompañado de un plan: crear unidades especializadas para el control de bajas por enfermedades musculoesqueléticas y de «psiquiatría menor» —definidas como «las más frecuentes»— y reforzar el papel de las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales.
El plan de Rueda no responde a la lógica del servicio público: en lugar de reforzar el sistema que genera las demoras, endurece el control sobre quienes las padecen.
La líder del BNG, Ana Pontón, le respondió con una batería de cifras que Rueda no incluyó en su intervención: Galicia es la segunda comunidad con menos bajas laborales del Estado, con 24 casos por cada 1.000 trabajadores frente a la media estatal de 34. Y apuntó los dos motivos de incapacidad que el presidente quiere controlar más —salud mental y traumatología— para recordar que hay 21 psicólogos atendiendo 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años.
Los datos independientes lo confirman. Según el informe de la Airef, Galicia es la segunda comunidad en duración media de bajas —82,85 días, casi tres meses—, muy por encima de la media estatal de 45,9 días. Las más prolongadas son las de trastornos mentales, con 98,5 días de media. La misma fuente apunta que las listas de espera en atención primaria «actúan como un embudo» en la duración de los procesos. Los datos del SERGAS muestran que desde 2020 la lista de espera en traumatología ha pasado de 20.812 a 44.270 pacientes, un incremento del 113%. En neurología el aumento fue del 175% y en ORL del 176%.
La cadena causal es, por tanto, directa y verificable: un trabajador con un problema musculoesquelético espera meses para ser atendido por traumatología. Cada día de espera es un día más de baja. La baja se alarga no porque el trabajador no quiera trabajar, sino porque el sistema sanitario no puede atenderle a tiempo. Lo que Rueda no citó en su discurso fueron las posibles causas de que en Galicia las bajas duren más que la media estatal, que los sindicatos relacionan con el acceso a la atención médica, las amplias jornadas laborales y el envejecimiento de las plantillas.
Pontón resumió la operación con precisión: «Para el gurú Rueda la culpa de que las bajas duren mucho es de los trabajadores que fingen depresión». Y añadió: «¿La duración de las bajas laborales es un problema? Por supuesto, porque cada día que un trabajador espera por una prueba, consulta o diagnóstico es un día más que empeora su salud y su capacidad de recuperación. ¿Va a reforzar la sanidad pública para garantizar ese derecho o va a seguir criminalizando a la clase trabajadora?»
Rueda no respondió a ninguna de esas observaciones. Se limitó a proponer una disyuntiva entre «fraude» y «trabajadores honestos» sin acompañarla de cifras, y equiparó sistemáticamente las bajas con «absentismo». En su segunda intervención llegó a mencionar a Begoña Gómez y a Yolanda Díaz, sin volver a los datos sanitarios que había puesto sobre la mesa.
El elemento más controvertido del plan es el refuerzo del papel de las mutuas privadas, entidades financiadas por las empresas, en la revisión de las incapacidades temporales. Pontón lo formuló con claridad: «En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar». El foco específico en la «psiquiatría menor» es especialmente sensible: trasladar a entidades privadas vinculadas a los empleadores la capacidad de revisar bajas por depresión, ansiedad o burnout introduce un conflicto de interés estructural que los sindicatos han señalado de forma unánime.
En ese contexto, el plan de Rueda invierte la lógica: en lugar de reforzar el sistema que genera las demoras, endurece el control sobre quienes las padecen. El resultado previsible es que trabajadores con problemas de salud mental o musculoesqueléticos —precisamente los más vulnerables y los que más dependen de una atención primaria ágil— queden expuestos a la presión de las mutuas sin que la causa estructural de sus bajas prolongadas se haya resuelto.
«Galicia es la segunda comunidad con menos bajas de todo el Estado y, a pesar de ello, Rueda criminaliza a los trabajadores para tapar su incompetencia política», concluyó Pontón. Los datos no la contradicen.
