La apuesta del PpdeG y Alfonso Rueda por el proyecto de Altri en Palas de Rei se ha convertido en un símbolo de las tensiones que atraviesan el modelo de desarrollo industrial en Galicia. Bajo el liderazgo de Alfonso Rueda, la Xunta ha desplegado una estrategia de captación de fondos europeos con escasa planificación, presentando la iniciativa como una palanca de reindustrialización y empleo en el interior del país. El presidente actúa, de facto, como el principal valedor de la multinacional portuguesa, defendiendo su implantación en foros públicos, entrevistas y actos empresariales. El proyecto ha sido declarado iniciativa industrial prioritaria, lo que permite una tramitación administrativa acelerada, y cuenta con un importante respaldo institucional a pesar de que acumula objeciones técnicas, sociales y ambientales de notable entidad.
Entre las voces críticas destaca con fuerza la del Consello da Cultura Galega, que en un informe reciente alertó del “impacto ambiental grave” del proyecto y de su escaso retorno económico para Galicia. La entidad subraya que la planta —ubicada en una zona próxima a espacios propuestos para la ampliación da Rede Natura— comprometería gravemente el equilibrio territorial, con riesgos evidentes de eucaliptización intensiva, competencia por el agua y afectación directa al sector agroganadero. El informe también cuestiona la narrativa de creación masiva de empleo: las previsiones realistas, basadas en informes técnicos, reducen a la mitad las cifras de contratación directa anunciadas por la empresa.
No sólo el CCG ha informado, con datos, del balance negativo que presenta para Galicia el proyecto de la multinacional portuguesa. Desde el arquitecto David Chipperfield pasando por ex-altos cargos populares de la Xunta pasando por Greenpeace y ADEGA e incluso desde el gobierno central están mostrando cada vez más escepticismo frente a la pertinencia de un proyecto muy cuestionado que requiere para su puesta en funcionamiento una elevadísima inversión pública.
El Gobierno gallego ha escenificado una política industrial cada vez más orientada a atraer inversiones a cualquier precio, sin condicionar los permisos a planes estratégicos de desarrollo ni evaluar con profundidad el tipo de industria que se implanta.
Frente a esta visión, el Gobierno gallego ha hecho oídos sordos, escenificando una política industrial cada vez más orientada a atraer inversiones a cualquier precio, sin condicionar los permisos a planes estratégicos de desarrollo ni evaluar con profundidad el tipo de industria que se implanta. Se trata de una forma de entender la economía que, para muchos observadores, recuerda al modelo colonial: captación de recursos y exportación sin valor añadido, sin asegurar balances positivos y duraderos para el territorio.
La posición del BNG se sitúa en las antípodas. La formación nacionalista ha convertido la oposición a Altri en una de sus principales banderas políticas, no solo por el impacto medioambiental, sino por el modelo de país que representa, muy distante de su propuesta de industrialización. Su portavoz en el Congreso, Néstor Rego, exigió formalmente al Ministerio de Industria que rechace la solicitud de financiación con fondos europeos, y desde el partido se insiste en que toda política industrial debe partir de una lógica de soberanía económica – esto es, en parte que la mayoría de la cadena de valor se ubique también en territorio gallego – , sostenibilidad ambiental y respeto por el tejido económico y social existente. Desde esa perspectiva, la industria es una prioridad absoluta, pero no a costa de destruir el medio y reproducir dinámicas extractivas que ya han lastrado Galicia en el pasado y han dejado escasas riquezas para los gallegos.
El BNG sostiene que debe superarse el modelo de extracción sin valor añadido: Galicia debe condicionar los permisos de explotación a planes industriales de alto valor económico con impacto positivo en este territorio.
El BNG plantea una alternativa basada en planificación estratégica, innovación y retorno económico local. Los nacionalistas proponen un Plan de Fomento da Actividade Tecnolóxica e Industrial que aspira a incrementar en siete puntos el peso de la industria en el PIB gallego y crear 12.000 emleos en sectores estratégicos hasta 2030. Entre sus objetivos está cerrar ciclos productivos, como en el sector forestal, para generar productos de alto valor añadido —por ejemplo, madera termotratada para la construcción— y abandonar el modelo de exportación de materia bruta. Toda industria tiene impacto ambiental, pero el BNG sostiene que debe superarse el modelo colonial de extracción y exportación sin valor añadido: Galicia debe negociar y estar presente en todos los frentes, pero para condicionar los permisos de explotación a planes industriales con impacto económico positivo en este territorio y cumplimiento estricto de los estándares medioambientales.
En el marco de sus trabajos en el «gobierno en la sombra», la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso la creación de un fondo soberano con el objetivo de canalizar inversión pública hacia sectores estratégicos y emergentes de la economía gallega. El fondo contaría con una dotación inicial de 400 millones de euros y aspira a alcanzar los 1.200 millones hasta 2030. La iniciativa busca reforzar la política industrial y tecnológica del país en ámbitos como la energía, la alimentación, el sector forestal, el naval, la automoción, el aeroespacial o la biotecnología, además de fomentar el arraigo empresarial en el territorio.
A esta tensión entre el impulso del PPdeG y la alternativa del BNG se suma una tercera postura, más difícil de definir: la del PSdeG. Los socialistas gallegos han pasado de una defensa inicial del proyecto Altri a una posición ambigua, con declaraciones contradictorias según el foro, el líder o el momento político. Esta indefinición se ha repetido también en otros conflictos estratégicos, como la mina de litio de Covas do Sil, en la provincia de Ourense, donde distintos portavoces han adoptado posturas divergentes, algunas en defensa de la explotación, otras señalando su inviabilidad ecológica. Esa falta de criterio unificado, en un contexto de polarización creciente, ha dejado al PSdeG en tierra de nadie, sin capacidad real para condicionar el rumbo de la política industrial gallega.
Se impone un debate riguroso sobre qué se produce, cómo se produce y para quién. Galicia tiene derecho a exigir su modelo: una economía con valor añadido, con retorno local y con planificación democrática.
El proyecto de Altri, por tanto, no es solo una controversia sobre celulosa, eucaliptos y fondos europeos. Es una encrucijada que obliga a Galicia a preguntarse qué tipo de industria quiere, cómo se toman las decisiones clave y en qué medida los beneficios se quedan en el territorio. En este sentido, también ha cambiado el contexto internacional: Inditex, cuya demanda de lyocell fue uno de los grandes argumentos utilizados en tiempos de Núñez Feijóo para defender el proyecto, ha reorientado parte de sus prioridades hacia materiales más innovadores y con menor huella ambiental, lo que arroja nuevas dudas sobre la solidez de la demanda futura y la conveniencia estratégica de esta planta.
Las industrias, todas, tienen impacto. Pero más allá del discurso fácil del “todo vale por el empleo”, se impone un debate riguroso sobre qué se produce, cómo se produce y para quién. Galicia, históricamente utilizada como reserva extractiva y exportadora de materias primas, tiene derecho a exigir otro modelo: una economía con valor añadido, con retorno local y con planificación democrática. Lo contrario es, simplemente, repetir los errores de siempre con nuevas etiquetas y viejos silencios.
