El Sindicato Comarcal del CIG de Ourense ha reclamado hoy públicamente a la Fiscalía que acoja la querella interpuesta por la sede sindical en 2020 contra la concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, Ecourense UTE, al entender que una «mafia distribución» de y si cobraban distintas cantidades económicas para acceder a un puesto de trabajo. La petición llega después de que se hiciera pública la detención en A Coruña de varios funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), organización que también opera en el servicio de recogida de Ourense, por presuntos delitos de corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales.
El secretario autonómico, Anxo Pérez Carballo, y el responsable de Comunicación y miembro de la Ejecutiva autonómica, Alfonso Fernández Diéguez, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para solicitar la reapertura del caso al considerar que «la misma red que se persigue en A Coruña es la que han montado en Ourense, pero aquí la Fiscalía miró para otro lado». En ese sentido, enfatizó que el Ministerio Público tiene suficiente documentación, “porque en ese momento incluso entregamos extractos bancarios de una persona que se sintió estafada y que colaboró con la denuncia”.
Cada persona paga hasta 70 euros al mes para acceder y mantener un trabajo
Pérez Carballo detalló que la política de personal de Ecourense tuvo un punto de inflexión a partir de diciembre de 2018, cuando se contrataron repentinamente más de 40 trabajadores. “Hay que recordar que estuvimos años luchando para cubrir jubilaciones, vacantes por invalidez, etc., reclamaciones que nunca fueron atendidas”. Pero luego, a seis meses de las elecciones municipales, estos 40 contratos se hacen por seis meses, “en una maniobra que respondía claramente a intereses electorales”.
A partir de entonces, se repiten una serie de contrataciones, siempre precarias (fines de semana, a tiempo parcial…), que se reparten de forma «que roza las prácticas mafiosas». La mitad (y estamos hablando de hasta 60 contratos a la vez) pertenece a FCC, una de las empresas de la UTE Ecourense, mientras que directivos, capataces e incluso algunos concejales se decantaban por la otra mitad, “contratando a la gente que querían”.
Pero el 50% de la cuota de FCC es gestionada directamente por la organización STL -«que no puede ser considerada un sindicato»- a través de una empresa llamada Asociación Impulso ao Emprego (Inprega), cuyo objetivo supuestamente era favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social Curiosamente, Imprego está dirigida por la pareja sentimental del secretario general del STL, quien también fue detenido en la operación policial llevada a cabo en A Coruña.
Las personas beneficiarias de estos contratos de trabajo debían pagar una cuota mensual que comenzaba en 63,50 euros y finalizaba en unos 70 euros, según se desprende de los extractos bancarios facilitados en su momento a la Fiscalía por la CIG. En el caso de los contratos parciales, la cuantía rondaba los 40 euros al mes. «Cuando alguien misteriosamente se negó a seguir pagando, el contrato terminó».
El secretario autonómico señala que todo esto se hizo con la complicidad de FCC, por lo que entiende que también se debe investigar a esta empresa, y al Ayuntamiento de Ourense, «ya que la Alcaldía fue la primera puerta a la que llamamos antes de ir a la Fiscalía, y nos dijeron que iban a actuar pero al final no hicieron nada”.
Tiempo después, la Fiscalía terminó por archivar el caso y estas prácticas continuaron, a tal punto que el 25 de octubre de 2022, la pareja sentimental del encargado del STL fue contratada en forma permanente a tiempo completo, cuando hubo 58 personas a tiempo parcial con contrato a término por semana que según el convenio colectivo tienen prioridad para cubrir los puestos permanentes que se crean. “Incluso contrataron a una hija, que acababa de cumplir 18 años, y no creemos que fuera por estar en riesgo de exclusión social”.
Por todo ello, desde el CIG-Ourense califican de «gravedad» lo que está pasando en el servicio de limpieza y consideran que ahora que se está redactando el pliego de condiciones para renovar una concesión que se encuentra en una situación precaria «es el momento». que el Consejo establezca un sistema de contratación transparente, como corresponde a una empresa que gestiona un servicio público de esta envergadura, y que esté legalmente impedido en las propias bases de contratación malversar y estafar con puestos de trabajo”.
De hecho, y ante el elevado número de irregularidades detectadas en las contrataciones, el CIG logró con denuncias a la Inspección que en los últimos 18 meses hasta 80 personas que estaban en fraude de ley afectadas por este marco tuvieron que convertirse en plenos. -tiempo indefinido.
