Santiago de Compostela vive desde hace meses una situación política anómala: un gobierno municipal que intenta desplegar su agenda y una constelación de actores —institucionales, sindicales y políticos— empeñados en impedir que esa agenda avance. No se trata de errores de gestión ni de limitaciones presupuestarias inevitables, sino de una estrategia de desgaste perfectamente reconocible, con responsables claros.
El bloqueo no responde a un único frente. Se articula desde la Xunta de Galicia, desde el PP local y, de manera especialmente preocupante, desde una parte de los cuerpos de seguridad municipales —Policía Local y Bomberos— cuya actuación no puede entenderse sin el aliento explícito o implícito de la oposición política, tanto del PP como del PSOE. La coincidencia no es casual: este tipo de conflictos solo estallan cuando no gobiernan ellos. Cuando PP o PSOE han dirigido el Concello, con condiciones laborales y organizativas prácticamente idénticas, la ciudad nunca ha vivido un escenario similar.
La falta de efectivos en la Policía Local o en los Bomberos no es nueva. Tampoco lo son los problemas de turnos, horas extra o envejecimiento de las plantillas. Todo eso existía en mandatos anteriores. La diferencia es política. Hoy esos problemas se convierten en crisis públicas, con protestas, pancartas, comunicados alarmistas y una narrativa de colapso que apunta directamente al gobierno municipal.
El resultado es una utilización política de servicios esenciales. Una parte de los cuerpos actúa como actor político de facto, no como servicio público neutral. Se fuerza la tensión hasta el límite para generar una percepción de ingobernabilidad, aun a costa de la seguridad de la ciudadanía. Que Santiago haya llegado a situarse en riesgo operativo real no es un accidente: es la consecuencia directa de una escalada alentada desde fuera del gobierno.
A este escenario se suma el papel de la Xunta de Galicia, que actúa como un auténtico tapón para las políticas estratégicas de la ciudad. La financiación por capitalidad sigue muy por debajo de lo que corresponde legalmente a Santiago, limitando su capacidad de inversión y planificación. No es una cuestión técnica: es una decisión política sostenida en el tiempo.
El caso de la vivienda es aún más revelador. Santiago necesita con urgencia herramientas para frenar la escalada de precios del alquiler y ampliar el parque público. La declaración de zona de mercado residencial tensionado permitiría actuar de inmediato. Sin embargo, la Xunta ha convertido el procedimiento en un laberinto administrativo, aplicando criterios distintos a los utilizados en otras ciudades y retrasando deliberadamente una decisión que tiene un impacto directo en miles de familias.
Lo mismo ocurre con la vivienda pública: se exigen cesiones de suelo “sin condiciones”, mientras se bloquea cualquier modelo que permita al Concello participar activamente en la definición de las políticas habitacionales. El mensaje es claro: o subordinación total, o parálisis.
El boicot alcanza incluso al funcionamiento básico de la administración. El bloqueo del pago de facturas a proveedores en el pleno municipal no es una anécdota ni una discrepancia técnica: es una herramienta de presión consciente por parte de los de Borja Verea. Impedir que se pague a empresas que ya han prestado servicios supone asfixiar la gestión diaria, dañar el tejido económico local y trasladar la imagen de un Concello incapaz de cumplir sus obligaciones.
Lo que emerge de todos estos frentes es una misma lógica: si no se gobierna Santiago, se impide que se gobierne. El PP, consciente de que Santiago es una plaza dificil, ha asumido que la única manera de frenar un proyecto político que no controlan es bloquearlo por desgaste, aun cuando eso suponga poner en riesgo políticas urgentes y servicios esenciales.
La paradoja es que este boicot no daña al gobierno municipal tanto como a la propia ciudad. Cada retraso en vivienda, cada conflicto inducido en seguridad, cada euro bloqueado en financiación o pagos tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los compostelanos.
