Galicia afronta estos días la mayor catástrofe medioambiental de su historia reciente. El incendio que comenzó en Chandrexa de Queixa, unido a los frentes de Vilariño de Conso y Mormentelos, ha calcinado ya 16.000 hectáreas. En total, la provincia de Ourense acumula más de 40.000 hectáreas devastadas, sobre un balance que supera las 41.000 en toda la comunidad. Se trata del mayor incendio registrado en Galicia desde que existen estadísticas.
Pero la emergencia actual no solo pone en evidencia las carencias de prevención y gestión de la Xunta. También rescata una vieja sombra: la utilización partidista del drama de los incendios forestales por parte del Partido Popular. No es un fenómeno nuevo. Galicia ha sufrido durante décadas oleadas de fuego devastadoras y, en paralelo, un relato político en el que el PP ha buscado rentabilizar cada crisis. El patrón se repite: responsabilizar a otros, sembrar sospechas sobre tramas incendiarias sin pruebas, acusar al Gobierno central de abandono y, al mismo tiempo, ocultar los déficits propios en prevención y recursos.
El ejemplo más flagrante se produjo en 2006, en plena ola de fuegos que calcinó cerca de 100.000 hectáreas y dejó cuatro víctimas mortales. Entonces, el PP era oposición al bipartito PSdeG-BNG. Aquella crisis política quedó marcada por un documento interno de la dirección provincial del PP de A Coruña que instaba a los alcaldes populares a retrasar la constitución de brigadas municipales contra incendios. El objetivo era acusar al Gobierno de “lentitud” y debilidad en la lucha contra el fuego.
La instrucción, firmada por la dirigente María Faraldo, hablaba de aplicar una “estrategia de dilación” para no dar munición política a la Xunta. Alberto Núñez Feijóo, recién llegado a la jefatura del PP gallego, calificó el documento como un “párrafo infeliz”, pero en ningún momento cuestionó el fondo de la maniobra. Alfonso Rueda, hoy presidente de la Xunta, respaldó entonces la estrategia. Aquello evidenció hasta qué punto el fuego podía convertirse en un campo de batalla electoral.
Con los años, Feijóo consolidó un discurso recurrente: la existencia de un supuesto “terrorismo incendiario” detrás de las grandes olas de fuegos. Lo utilizó en 2006, cuando el PP llegó a inflar con datos erróneos la superficie quemada; lo repitió en 2015, insinuando motivaciones políticas detrás de incendios nocturnos; y lo convirtió en política institucional en 2017, cuando la Xunta pagó 77.000 euros en anuncios de prensa para vincular la ola de aquel otoño a ese supuesto terrorismo.
Nunca hubo pruebas. Ni la Policía, ni la Fiscalía, ni las comisiones parlamentarias encontraron indicios de tramas organizadas. El propio fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz –hoy fiscal general del Estado– desmintió en varias ocasiones esa tesis. Los datos oficiales, de hecho, apuntan a otro escenario: entre 2015 y 2024 casi el 75% de los incendios fueron intencionados, pero de carácter individual y disperso, ligados a prácticas rurales, negligencias o intereses locales, no a redes terroristas.
Pese a ello, Feijóo volvió a desempolvar el término este mismo agosto de 2025, en plena visita a Chandrexa de Queixa, al lado de Alfonso Rueda. Mientras Galicia vivía la peor emergencia forestal de su historia, el líder del PP recuperaba viejos argumentos, pidiendo a la población que “tomase la matrícula” de coches sospechosos en pistas forestales. La historia parecía repetirse: sin asumir responsabilidades propias y buscando culpables difusos en un enemigo invisible.
El manual político del PP con los incendios se ha nutrido también de gestos de alto impacto mediático. En 2006, Feijóo se dejó fotografiar con una manguera doméstica en un monte ya calcinado, simulando que apagaba un fuego. En 2007, llegó a insinuar que con los gobiernos socialistas y nacionalistas “moría gente en los incendios”, pero no con los suyos, olvidando el fallecimiento de un piloto en 2004 durante la etapa de Fraga.
En 2017, la Xunta recurrió a grandes campañas de propaganda institucional, mientras el operativo forestal denunciaba falta de medios y coordinación. Y cada verano, al margen de la magnitud real de los fuegos, se repetía el mismo esquema: minimizar las carencias de prevención, desviar el foco hacia la intencionalidad criminal y situar la responsabilidad fuera de San Caetano.
El verano de 2025 confirma que ese relato no ha cambiado. Con Rueda en la presidencia y Feijóo de nuevo en Galicia, la estrategia es idéntica: responsabilizar al Gobierno central, recuperar la idea de terrorismo incendiario, presentar a la oposición como desleal y, en paralelo, esquivar el debate sobre el modelo forestal.
El propio Plan de Defensa contra Incendios (Pladiga 2025) aprobado por la Xunta reconoce lo contrario: señala causas estructurales ligadas al abandono rural, a la fragmentación de la propiedad, a décadas de políticas de reforestación con especies inadecuadas y a la expansión del eucalipto. Ni rastro en esos documentos oficiales de terrorismo o conspiraciones.
La contradicción es evidente: el PP difunde un relato que ni siquiera sus propios planes técnicos sostienen.
