El arranque del curso escolar 2025-2026 en Galicia estará marcado por la entrada en vigor de unas directrices de la Consellería de Educación que han desatado un fuerte rechazo en la comunidad educativa. Bajo el argumento de garantizar la “neutralidad ideológica” en las aulas, el Gobierno dirigido por el PPdeG, impone un control exhaustivo sobre las actividades complementarias y colaboraciones externas que desarrollen los centros, evocando un modelo que, según sindicatos, asociaciones de madres y padres y grupos de la oposición, limita la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica.
Limitar la libertad de cátedra no neutraliza ideologías, sino que consolida la imposición de la que emana del poder político que dicta las normas.
La nueva normativa exige que todos los centros incluyan en la Programación General Anual, al inicio de curso, la totalidad de las actividades complementarias previstas. Cualquier actividad “sobrevenida” deberá contar con la aprobación del equipo directivo, ser comunicada al Consejo Escolar y, de forma inédita, a la Inspección educativa. Esto afecta a visitas, charlas o encuentros con entidades externas, que además deberán ajustarse a criterios definidos por la Consellería.
El Ejecutivo gallego sostiene que estas medidas buscan “reforzar la convivencia” y “garantizar el respeto a los valores constitucionales”. Sin embargo, amplios sectores del profesorado y las familias las interpretan como un intento de censura previa que condiciona la posibilidad de tratar en las aulas temas de interés general y actualidad, como los debates sobre la identidad y el género, los nuevos valores que emanan de las luchas queer y feministas, o conflictos internacionales como la guerra en Ucrania o la situación en Palestina. Para los críticos, estas limitaciones no garantizan neutralidad, sino que instauran un control ideológico desde la Administración.
El BNG ya ha exigido la retirada de unas instrucciones que suponen “una mordaza” y un “nuevo paso del PPdeG hacia la agenda ideológica de la ultraderecha”.
Organizaciones como CIG-Ensino, Anpas Galegas o Nova Escola Galega alertan de que “no es posible ni responsable ser neutral” ante cuestiones que forman parte de la realidad social, cultural y política que rodea al alumnado. El BNG, principal partido de la oposición, ha registrado una iniciativa parlamentaria urgente para exigir la retirada de unas instrucciones que, a su juicio, suponen “una mordaza” y un “nuevo paso del PPdeG hacia la agenda ideológica de la ultraderecha”.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que estas medidas se refieren únicamente a “ideologización política” y no afectan a enseñanzas religiosas, un matiz que para los detractores revela una clara doble vara de medir y una excepción significativa al supuesto principio de neutralidad. La comunidad educativa, desde el inicio del debate, ha insistido en que en las escuelas gallegas no se adoctrina, sino que se fomenta el pensamiento crítico, la pluralidad y el debate democrático, pilares reconocidos por la normativa vigente. Y advierte: limitar la libertad de cátedra no neutraliza ideologías, sino que consolida la imposición de la que emana del poder político que dicta las normas.
El inicio de curso llegará, así, con un clima de tensión creciente en el que el PPdeG se enfrenta al modelo educativo mayoritariamente defendido por el profesorado: uno que apuesta por la autonomía docente para abordar con libertad temas que forman parte de la formación integral del alumnado, y otro que pretende someter la vida escolar a un control administrativo previo, reduciendo el margen de los centros para adaptarse a la actualidad y al contexto social. El desenlace de este pulso marcará no solo la agenda educativa de 2025, sino también el modelo de escuela que se consolide en Galicia en los próximos años.
