El BNG ha puesto sobre la mesa “Da Cinza á Vida”, un plan integral que combina atención social, restauración ambiental y reformas de gobernanza forestal con un objetivo político explícito: abrir una vía de colaboración con la Xunta en un terreno –la lucha contra los incendios y la revitalización del rural– donde el consenso es tan difícil como necesario. El mensaje, en forma y fondo, rebaja el tono de confrontación y apuesta por soluciones compartidas tras los grandes fuegos de la provincia de Ourense.
El documento estructura la propuesta en cinco ejes que, según la formación, deben activarse de manera coordinada: La atención a las personas y territorios afectados. El plan prioriza a quienes han perdido vivienda, explotación o medios de vida, con un paquete de medidas sociales y económicas de emergencia y acompañamiento posterior. La recuperación del medio y la biodiversidad. Restauración de suelos, ríos y hábitats, y actuaciones de reforestación orientadas a la resiliencia ecológica del territorio. Un nuevo modelo forestal y rural sostenible. Reordenación del mosaico productivo, impulso a usos agrarios y silvopastorales y gestión activa de masas forestales para reducir vulnerabilidad al fuego. La revitalización socioeconómica del rural. Atracción de actividad, servicios y empleo de calidad como condición para fijar población y evitar el círculo vicioso abandono–incendio. Finalmente, la prevención estructural contra el fuego. De la lógica reactiva (extinción) a la preventiva (ordenación, mantenimiento, coordinación interadministrativa y profesionalización).
Los nacionalistas subrayan que no se trata solo de “reconstruir” lo perdido, sino de transformar estructuralmente el territorio para hacerlo más resiliente, productivo y respetuoso con el medio. Es una propuesta a largo plazo con Ourense como prioridad inmediata.
La propuesta destaca por su enfoque integral: evita la fragmentación habitual entre ayudas sociales, política forestal y desarrollo rural, y sitúa el problema donde suele fallar la política pública, en la estructura del territorio y no solo en la extinción. Además, abre una ventana de oportunidad: Ourense puede convertirse en un piloto evaluable y, si funciona, escalable al resto de Galicia con criterios de coste-eficacia y métricas comparables.
Con todo, el despliegue puede naufragar por exceso de complejidad administrativa si no se simplifican contratos y licitaciones. La reordenación del mosaico forestal implicará tensiones entre usos del suelo y requerirá compensaciones claras para los propietarios. Y persiste un riesgo de “fatiga de planes” en el rural si no hay resultados visibles en plazos razonables: sin presupuesto, calendarios y responsabilidades públicas, la propuesta corre el peligro de diluirse en anuncios.
El siguiente paso lógico, a expensas de la reacción de los de Rueda a la mano tendida del BNG, sería constituir una mesa técnica entre la Xunta, los dos principales partidos gallegos y los concellos ourensanos con cronograma, responsables por eje y mecanismos de seguimiento público. Debería acompañarse de un paquete de choque con dotación inicial para ayudas a familias y explotaciones, trabajos de estabilización y contratación de cuadrillas preventivas antes de la próxima campaña de alto riesgo. La transparencia es condición de éxito: indicadores trimestrales –hectáreas restauradas, viviendas y negocios atendidos, kilómetros de fajas ejecutadas, empleo generado– permitirían evaluar avances y corregir desvíos.
Galicia lleva años discutiendo incendios desde la urgencia. “Da Cinza á Vida” asume la urgencia, pero la desborda con una propuesta estructural: menos inflamabilidad del territorio, más oportunidades económicas y más cooperación institucional. Si el Gobierno gallego y la principal fuerza de la oposición encuentran un terreno de acuerdo, Ourense podría convertirse en el laboratorio donde Galicia por fin pruebe –y mida– una política integral contra el fuego.
