Santiago de Compostela ha consolidado su posición como referente indiscutible en la política turística gallega al convertirse en la primera ciudad de la comunidad en aprobar de manera definitiva la tasa turística. Esta decisión, respaldada por el pleno municipal y con entrada en vigor programada para el 1 de octubre, coloca a la capital gallega —bajo el liderazgo de Goretti Sanmartín (BNG)— a la vanguardia de un debate que, durante años, había permanecido en un terreno de ambigüedad política y resistencia institucional. Su aprobación supone un punto de inflexión en la forma en que Galicia afronta la creciente presión turística y la gestión de sus impactos.
Este consenso inédito, impulsado por el BNG, convirtió a Santiago en la primera ciudad en en arrastrar a todas las fuerzas e instituciones a posicionarse a favor o, al menos, a no bloquear.
La ordenanza, fruto de un prolongado proceso de análisis técnico y negociación política, fija un gravamen para todas las estancias en alojamientos turísticos —desde hoteles de cinco estrellas hasta viviendas de uso turístico— con tarifas que oscilan entre 1 y 2,5 euros por noche y un límite de cinco jornadas consecutivas. Conforme a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Galicia, el 80 % de la recaudación deberá invertirse directamente en proyectos relacionados con la sostenibilidad y el fomento del turismo de calidad. Entre las exenciones contempladas se incluyen menores de edad no emancipados, personas con discapacidad superior al 65 %, deportistas federados que acudan a competiciones oficiales y visitantes con estancias motivadas por razones médicas. Este marco legal busca garantizar que la tasa tenga un carácter redistributivo y una finalidad estratégica.
La aprobación contó con el respaldo de BNG, Compostela Aberta, PSOE y concejales no adscritos, mientras que el PP, históricamente contrario a este tributo, optó por una abstención que evidencia un cambio significativo en el clima político. El resultado refleja el liderazgo del BNG, que tras años de argumentación no solo consiguió abrir un marco regulatorio autonómico para la tasa, sino que logró persuadir a una mayoría política y social de la pertinencia de regular el turismo y mejorar su calidad. Este consenso inédito convirtió a Santiago en la primera ciudad en romper un tabú histórico en la gestión turística gallega y en arrastrar a todas las fuerzas a posicionarse a favor o, al menos, a no bloquear.
Incluso Vigo (PSOE) ha iniciado la tramitación de una norma similar, rompiendo con su postura tradicionalmente contraria a este tipo de gravámenes
El efecto político y mediático de la decisión compostelana ha sido inmediato. A Coruña ha aprobado ya su propia ordenanza, que prevé la aplicación de la tasa a partir del 1 de septiembre de 2026 para cruceros, y Vigo ha iniciado la tramitación de una norma similar, rompiendo con su postura tradicionalmente contraria a este tipo de gravámenes. Al mismo tiempo, municipios sometidos a una fuerte presión turística, especialmente en las Rías Baixas —como Bueu, Caldas de Reis u O Grove—, estudian activamente su implantación. La cuestión ya no es si la tasa turística se aplicará en Galicia, sino cuándo y con qué alcance.
Tras años de resistencia frontal, la Xunta de Galicia aceptó finalmente la figura del recargo municipal sobre el impuesto autonómico de estancias turísticas, fijando límites claros en tarifas, duración y destino de los fondos. Este cambio de postura, motivado en parte por la presión ejercida desde Compostela, abre la puerta a un rediseño del modelo de financiación turística en la comunidad. Así, Santiago no solo se erige como pionera en su implementación, sino como catalizador de una estrategia fiscal y de gestión que amenaza con transformar de manera estructural el panorama turístico gallego en la próxima década.
