El PSOE se queda sólo en Galicia defendiendo el acuerdo mientras el PPdeG performa oposición tras votar favorablemente.
Durante años, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur fue presentado como un paso inevitable en la liberación del comercio internacional, un pacto técnico, complejo y aparentemente ajeno al debate público, respaldado por una amplia mayoría de fuerzas políticas tanto en Bruselas como en los Estados miembros. Sin embargo dicho acuerdo, que busca facilitar el intercambio comercial entre la UE y países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ha reabierto un debate de fondo sobre el impacto real de este tipo de tratados en los sectores productivos europeos.
Agricultores, ganaderos y organizaciones medioambientales han intensificado sus críticas, alertando de una competencia desigual que amenaza tanto la viabilidad económica de muchas explotaciones como los estándares sociales y ambientales europeos.
El acuerdo es un paradigma de cómo ciertas decisiones, tomadas lejos del territorio, acaban teniendo efectos directos sobre su estructura económica y social y con escaso concurso de los afectados.
En Galicia estas preocupaciones adquieren una dimensión específica, convirtiendo el acuerdo con Mercosur en una cuestión política de primer orden, dado el peso que el sector primario tiene en la economía gallega y suscitando críticas por parte de sectores productivos que consideran que los términos actuales son lesivos para el tejido agroganadero gallego. En Ourense y otras provincias, agricultores y ganaderos han protagonizado movilizaciones para presionar a las instituciones y exigir medidas que protejan la producción local frente a la competencia externa que plantea el Mercosur.
En este contexto, el Bloque Nacionalista Gallego no solo ha expresado su respaldo públicamente, sino que ha participado en estas movilizaciones y ha llevado este debate a las instituciones locales y comunitarias, presentando mociones de apoyo al sector primario frente al tratado y a los recortes de la Política Agrícola Común (PAC). Desde el inicio de las negociaciones y a diferencia de la postura del Partido Popular y del Partido Socialista, que durante años respaldaron el acuerdo sin apenas matices, el BNG ha advertido de los riesgos que Mercosur supone para el tejido productivo gallego y para el equilibrio territorial. El partido no ha sido el único actor que recela del acuerdo; Francia, Polonia y otros países de la UE han mostrado su oposición, dando paso al cuestionamiento de un modelo comercial que prioriza el volumen de intercambios sobre la sostenibilidad económica, social y ambiental. El pasado 21 de enero se sometió a votación en el Parlamento Europeo la remisión del acuerdo comercial, el resultado fue ajustado, con 334 eurodiputados a favor y 324 en contra.
Mientras los eurodiputados gallegos del PP votaban favorablemente al acuerdo, en Galicia han escenificado apoyo a los ganaderos de las comarcas interiores y se han manifestado, particularmente en Ourense en contra del acuerdo, contradiciendo así lo que habían votado sistemáticamente. El creciente “cabreo” del campo y sectores estratégicos ha cogido a los conservadores con el pié cambiado provocando así una reacción torpe e incoherente, cosa que no han tardado en señalar los nacionalistas quienes desde un primer momento han recibido con escepticismo los métodos y contenido del acuerdo de libre comercio con parte de América Latina.
Incluso los grandes temas en discusión en Europa han reforzado la convicción de los nacionalistas, quienes enmarcan su oposición en clave de soberanía alimentaria y buscan la protección de los modelos productivos de proximidad y, sobre todo, de calidad. Desde esta perspectiva, Mercosur no es visto solo un acuerdo comercial, sino un paradigma de cómo ciertas decisiones, tomadas lejos del territorio, acaban teniendo efectos directos sobre su estructura económica y social y con escaso concurso de los afectados. El contraste con la posición del PP y del PSOE resulta significativo, ya que mientras ambas formaciones han defendido históricamente el acuerdo como parte de una estrategia comercial global, el BNG insiste en la necesidad de evaluar sus impactos reales y de introducir salvaguardas efectivas para los sectores más vulnerables. La ausencia de una defensa específica de los intereses gallegos en este ámbito vuelve a situar a la comunidad en una posición de fragilidad frente a decisiones de alcance internacional.
En un momento en el que la Unión Europea revisa sus prioridades estratégicas, el debate sobre Mercosur pone de manifiesto una cuestión de fondo: quien decide el modelo económico que se quiere promover y cuales son las motivaciones reales de la acceleración en la firma del tratado. El acuerdo, lejos de ser un asunto cerrado, se ha convertido en un emblema de la falta de rumbo de la UE y su sempiterno déficit democrático. Desde el BNG reivindican una posición clara: no rechazar el comercio internacional sino exigir reglas justas que no dañen a sectores enteros por decisiones tomadas sin tener en cuenta a las personas y los territorios.
