La documentación que ha puesto en manos del Ayuntamiento de Noia el nuevo gobierno municipal ha encendido una polémica con alcance autonómico. Los papeles, a los que ha tenido acceso la prensa, recogen facturas y tiques del grupo municipal del PP que suman casi 30.000 euros entre 2018 y 2024 y que incluyen cenas, copas, caterings y consumiciones en establecimientos de hostelería justificadas como “reuniones de trabajo”, “actividades con simpatizantes” o “servicio de hostelería”. Algunas facturas señaladas por las intervenciones municipales datan de fechas concretas de diciembre de 2020, en plenos límites y restricciones por la pandemia, y otras contienen importes reseñables —cargos de 275 €, pedidos de casi 900 € por un catering o apuntes de 1.700 € en menús navideños— que han levantado reparos técnicos de la intervención. El alcance económico y la repetición de esos conceptos han llevado ya al Ayuntamiento a decidir su traslado a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas para su análisis.
Más allá de los números, lo relevante es el patrón: partidas de funcionamiento de un grupo municipal —que suelen cubrir material de oficina, alquiler de local o gastos estrictamente institucionales— fueron utilizadas para sufragar hostelería y consumos que la propia intervención municipal cuestionó reiteradamente. Los informes de Intervención, según las fuentes, advertían de que muchas de esas facturas “difícilmente” encajaban en el concepto de gastos de funcionamiento, puesto que las reuniones de trabajo podían celebrarse en la sede del propio grupo o en dependencias municipales. La constatación de esa disonancia técnica es la que ha servido para que el nuevo gobierno local encargue un informe jurídico que apunta a vías administrativas, contables e incluso penales.
A la vez, decisiones recientes en la Xunta, como la reordenación del órgano competente en materia de reclamaciones de transparencia (cuyo control ha de discutirse públicamente), han alimentado la percepción de que existen movimientos para centralizar o redistribuir competencias de control, debilitando algunos cauces de rendición de cuentas. Esa suma de factores plantea la pregunta: ¿incide la operación Noia en una lógica más amplia de gestión de la información pública y de defensa del poder local frente al escrutinio?
El contexto político en Galicia añade otra capa: este verano se han multiplicado las mociones de censura promovidas por el PPdeG en distintos municipios —algunas con motivaciones discutibles— que han alterado mayorías locales y han desplazado a equipos municipales en ejercicio. El caso de Noia, donde se da el caso inverso, prosperó una moción que apartó al PP del gobierno local y desembocó en la revisión de sus cuentas, arroja más dudas sobre la obstinación por aferrarse al poder por parte de los Populares, que ven sus formas y métodos fiscalizados cuando cambia el color del gobierno.
Las consecuencias políticas ya se perciben: el escándalo no solo obliga al PP coruñés a dar explicaciones —y ha forzado declaraciones de Alfonso Rueda indicando sorpresa por “ciertos conceptos” en las facturas—, sino que abre una vía política de desgaste que rivales y sectores críticos del municipalismo no desaprovecharán. Las respuestas posibles son varias: desde la acción judicial hasta la exigencia de reformas en la fiscalización de las asignaciones a grupos municipales —mayor detalle en las justificaciones, control permanente de la Intervención y transparencia proactiva—.
