El CIG-Servizos quiere manifestar su sorpresa y disconformidad con la actuación de la concejala de Bienestar Social, Olga López Rocamonde, que impidió que la asesora de la central abertzale pudiera acompañar a la delegada del Centro de Día Antonio Gandoy en una reunión discutir la situación asistencial y laboral en dicho centro.
A raíz de una denuncia presentada por el CIG por incumplimiento de ratios de plantilla, la no cobertura de vacaciones o la asignación de tareas a xerocultivadores que superan su formación, la concejala convocó a reunión al delegado de personal (que acaba de ser elegido) y a la dirección del centro.
Una vez iniciada, la responsable de Bienestar Social preguntó quién era la persona que acompañaba a la delegada de personal y cuando le informaron que era el asesor del CIG, Xosé Paz, la concejala se negó a continuar la reunión, subrayando que solo podía asistir representante de los trabajadores y que Paz tuvo que irse.
Para la CIG es intolerable esta actitud antisindical del regidor, que impide que los representantes legales de los trabajadores acudan a las reuniones con personal asesor, más cuando lo que se va a discutir son los incumplimientos de los términos y condiciones por parte de los adjudicatarios. compañía.
Con esta postura, “el regidor parece dar a entender que el objetivo de la reunión no era abordar los muchos problemas que existen en el centro de día, sino arrinconar al delegado”, dice Paz.
Cabe destacar que en el centro Antonio Gandoy no se están cumpliendo los ratios de plantilla ya que el pliego marca que debe haber 10 jornadas completas cuando solo hay 7 y media. De hecho, ni siquiera se cumplen las ratios marcadas por la Xunta de Galicia para residencias privadas y centros de día.
Además, tampoco se están cubriendo las ausencias del personal técnico, de la enfermera, del médico o de la trabajadora social. Y en el caso de los xerocultores, se les asignaban tareas, como la administración de medicamentos, que realizan sin la supervisión médica correspondiente.
Aunque este trabajo estaba incluido en los pliegos, el CIG pide que se modifique por constituir un riesgo para los usuarios y una sobrecarga psicológica para los trabajadores, que deben asumir este trabajo a pesar de no tener la formación necesaria.
“Todos estos temas eran los que iba a tratar el CIG en la reunión con el Ayuntamiento de Lugo, pero que el concejal de Bienestar Social se negó a tener”, lamenta el sindicalista. Por ello, pide a López Rocamonde «que recapacite, convoque de nuevo la asamblea y priorice la prestación de servicios públicos de calidad por encima de sus particulares fobias sindicales».
