Nuevo palo a la industria cárnica en su terquedad de perpetuar la explotación laboral de los trabajadores en mataderos y mataderos. El Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por SADA PA Castilla Galiza y Servicarne contra las sentencias del TSXG y del Juzgado de lo Social nº2 de Lugo que confirmaban la existencia de la relación laboral entre la empresa propietaria de los mataderos de aves y conejos y el contratado personal a través de la falsa cooperativa.
El auto del TS declara la firmeza de la sentencia del alto tribunal gallego y contra ella no cabe recurso de ninguna clase. De esta forma, los aproximadamente 160 trabajadores que llevan años luchando contra la explotación laboral, cierran un ciclo de litigios y obtienen el pleno reconocimiento de sus derechos como empleados de SADA PA, que el año pasado fue adquirida por Vall Companys, una de las principales empresas del sector cárnico.
La inadmisibilidad del recurso supone también que la plantilla podrá finalmente iniciar la reclamación de la devolución de las cotizaciones indebidamente pagadas a la Seguridad Social entre 2013 y noviembre de 2017, tiempo durante el cual estuvo cotizando al régimen de autónomos. La propia administración estimó la deuda en cuotas impagadas de SADA en más de 5,6 millones de euros.
Asimismo, los servicios jurídicos del CIG están preparando los recursos para que estos trabajadores sean reconocidos por su plena antigüedad en la empresa matriz.
Cabe recordar que durante años el personal de este matadero de Castro Ribeiras de Lea, junto con otro personal adscrito a mataderos de todo el país (en concreto del Grupo Coren), sufría una situación de auténtica explotación como falso personal autónomo: contribuir a la base mínima en el régimen de autónomos, trabajando a turnos sin hora de salida definida, cobrando en función de los kg/hora trabajados, sin derecho a descansos ni vacaciones retribuidos, sin cobrar horas extraordinarias y teniendo que pagar, además , una cuota mensual de membresía.
La decisión del TS confirma, una vez más, lo que la CIG lleva años denunciando, que la utilización de la cooperativa Servicarne como fórmula para contratar falsos autónomos era un fraude y una estafa y que cientos de trabajadores se vieron obligados a pasar por esto forma de explotación para poder trabajar en condiciones que implicaban una reducción significativa del salario, de los derechos laborales y de la cobertura de otras prestaciones sociales.
Con respecto a los argumentos esgrimidos por SADA y Servicarne, el TS concluye de manera firme y contundente que las decisiones sobre las condiciones, ritmos de producción y horarios de trabajo procedían de SADA PA, y que el personal directivo de Servicarne desplegado en las instalaciones sólo cumplía funciones de transmisión de las órdenes de la empresa principal. Añade que la aportación de medios materiales realizada por Servicarne fue mínima en relación con el trabajo que realiza el falso personal cooperativo y además, subraya, tanto la materia prima como los proveedores son de SADA.
Ampliando esta cuestión, el auto añade que la externalización de los trabajos de demolición “fue más aparente que real”, porque “lo que se evidenció fue que la que debería haber sido simplemente la empresa principal -SADA- era la empresa real de los socios cooperativistas”. . Esto significa, prosigue la sentencia, “que estamos ante una mera apariencia, de carácter fraudulento”.
Cabe recordar que estos trabajadores ya habían sido dados de alta oficialmente (en noviembre de 2017) en el Régimen General de la Seguridad Social a petición de la Inspección de Trabajo. Pero a pesar del despido forzoso de la SS, la empresa trató de perpetuar la situación de precariedad, negándose a contratar a toda la plantilla y llegando a realizar un proceso de selección mediante el cual pretendía modificar las condiciones laborales para ser poder acceder a sus posiciones.
En este contexto, no faltaron los despidos ni las represalias del Grupo SADA contra personas que formaban parte de las candidaturas de la CIG.
La lucha contra el fraude masivo en la contratación en la industria cárnica no se limitó al Grupo SADA o la provincia de Lugo, sino que se desarrolló simultáneamente en Pontevedra y Ourense e involucró a empresas como Novafrigsa y Frigolouro, ambas del poderosísimo Grupo Coren.
La CIG espera que esta orden, y otras recientes, marquen el camino para que el resto de los procesos pendientes se resuelvan satisfactoriamente para los trabajadores.
