El reciente aplazamiento de la votación sobre la oficialidad del gallego, catalán y euskera en la Unión Europea ha puesto de manifiesto no solo la complejidad jurídica y financiera del proceso, sino también las maniobras políticas que lo rodean. A través de contactos con gobiernos afines de varios Estados miembros, el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha desempeñado un papel activo para dificultar la aprobación de esta iniciativa, que forma parte de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo español en el marco de los acuerdos parlamentarios tras las elecciones generales.
Resulta especialmente significativo que quien encabeza esta estrategia sea un expresidente de la Xunta de Galicia. La Xunta, presidida por Alfonso Rueda, se negó a apoyar explícitamente la medida.
El Partido Popular ha reconocido públicamente que estableció comunicaciones con representantes de varios países europeos para influir en su postura respecto a la oficialidad de las lenguas oficiales en el España. Esta actuación, que ha sido incluso confirmada por dirigentes de Vox, revela un posicionamiento político orientado a debilitar el impulso diplomático del Gobierno central. Resulta especialmente significativo que quien encabeza esta estrategia sea un expresidente de la Xunta de Galicia, aunque su acción en contra del Gallego durante sus mandatos ha sido ampliamente documentada y discutida.
Desde Galicia, la posición del PP ha sido submisa con la línea marcada por Feijóo. La Xunta, presidida por Alfonso Rueda, se negó a apoyar explícitamente la medida, esgrimiendo razones de carácter presupuestario: 44 millones de euros anuales por lengua. Este posicionamiento contrasta con la aprobación previa de una proposición no de ley en el Parlamento gallego favorable a la oficialidad del gallego en la UE.
La votación programada para el 27 de mayo en el Consejo de Asuntos Generales no se llevó a cabo debido a la falta de unanimidad entre los 27 Estados miembros, requerida para modificar el reglamento lingüístico de la UE. Fuentes diplomáticas indicaron que hasta diez gobiernos expresaron reservas jurídicas, económicas y administrativas. Sin embargo, algunos de estos recelos fueron estimulados por contactos políticos provenientes de partidos conservadores europeos próximos al PP.
El liderazgo de la oposición estatal parece primar sobre cualquier compromiso previo con la lengua o con el autogobierno gallego.
Alemania, por ejemplo, advirtió que votaría en contra si no se retiraba la propuesta, y países como Italia, Finlandia o Austria reclamaron más tiempo para evaluar el impacto técnico de la iniciativa. En este contexto, la propuesta española, registrada oficialmente en agosto de 2023, se vuelve a posponer, como ya ocurriera en diciembre del mismo año.
A pesar de su papel activo en el freno europeo, el PPdeG continúa manifestando públicamente su respaldo a la oficialidad del gallego “en todos los ámbitos”. No obstante, esta afirmación pierde consistencia cuando se analiza la postura del secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, quien tildó la propuesta europea de “imposición” y cuestionó su viabilidad presupuestaria. Paradójicamente, la misma administración destinó recientemente cerca de 300.000 euros a programas educativos en los que no se incluye la prensa en gallego.
Que una formación política gallega actúe para bloquear este reconocimiento refleja una mutación profunda en su proyecto: de representar a Galicia en Madrid, a instrumentalizar Galicia desde Madrid.
Este discurso, centrado en la argumentación económica y administrativa, oculta una estrategia de confrontación partidaria a nivel estatal. Feijóo ha pasado de encarnar una defensa institucional del gallego a situarse como actor clave en la resistencia a su reconocimiento supranacional. El liderazgo de la oposición estatal parece primar sobre cualquier compromiso previo con la lengua o con el autogobierno gallego.
El fondo del debate trasciende lo lingüístico. Lo que está en juego es si Galicia puede contar con actores políticos que defiendan su identidad y su pluralidad lingüística en escenarios europeos. El uso del gallego como elemento de negociación táctica evidencia una subordinación de los intereses gallegos a una estrategia nacional centrada en erosionar al Gobierno central.
La oficialidad del gallego en la UE no es solo un acto simbólico: implica garantías jurídicas para su uso institucional, visibilidad internacional y protección en pie de igualdad con otras lenguas europeas. Que una formación política gallega actúe para bloquear este reconocimiento refleja una mutación profunda en su proyecto: de representar a Galicia en Madrid, a instrumentalizar Galicia desde Madrid. En este proceso, el gallego se transforma de bien común en moneda de cambio dentro del tablero partidista estatal.
