El PP y Vox fueron los únicos grupos en rechazar en la ponencia del Congreso el texto pactado por PSOE, BNG y Sumar para transferir la autopista del Atlántico a la comunidad. El argumento —que el texto «no coincide plenamente» con la ley del Parlamento gallego— no resiste el análisis: la excusa técnica esconde una decisión política de fondo que condena a Galicia a seguir pagando peajes hasta 2048 mientras Cataluña y Euskadi llevan décadas usando su poder de negociación
El 27 de mayo de 2026 quedará como una fecha incómoda en el historial del PP gallego. La ponencia del Congreso que tramita la ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia aprobó ese martes el informe que recoge las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar. Todos los grupos apoyaron el texto a excepción de PP y Vox, que votaron en contra. El PP, en consecuencia, se alineó con la ultraderecha en contra de una reivindicación histórica de la sociedad gallega que el propio Parlamento de Galicia había aprobado por unanimidad.
El argumento oficial del PPdeG para justificar el voto merece leerse despacio. Los diputados Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja emitieron un comunicado en el que exigen «que se mantenga el texto acordado por unanimidad» en el Parlamento gallego, y acusan a los impulsores del pacto de querer «marginar al principal partido de Galicia». La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, había anticipado la postura con una frase que resume bien la estrategia: «Queremos la transferencia, pero no a cualquier precio».
La objeción concreta del PP se centra en las condiciones económicas. Los populares alegan que el texto pactado en Madrid no garantiza que la transferencia vaya acompañada de los «recursos económicos necesarios para mantener los compromisos adquiridos», en particular la supresión del incremento tarifario del 1% anual que Audasa aplica desde 2019 y que se mantendrá durante 20 años. Es un argumento técnicamente presentable. El problema es que no resiste la prueba de la coherencia política.
La ley que salió del Parlamento gallego por unanimidad —con los votos del propio PP— establecía unas condiciones que, en efecto, el pacto de Madrid no reproduce de forma literal. Pero cualquier negociación parlamentaria en el Congreso, por definición, implica ajustes. Los impulsores del acuerdo defienden que el texto «es fiel, aunque no idéntico en la redacción» a la ley aprobada en O Hórreo. Exigir una traslación literal es, en la práctica, exigir lo imposible: el Congreso no puede aprobar sin más una ley autonómica; necesita su propia redacción, sus propias enmiendas, su propio proceso. El PP lo sabe perfectamente.
Hay un dato que convierte el voto en contra del PP en algo más que una abstención táctica. La ley orgánica deberá superar todavía la Comisión de Transportes y el pleno del Congreso —donde necesita mayoría absoluta, 176 votos— antes de llegar al Senado. Y en el Senado el PP dispone de mayoría absoluta. Eso significa que los populares pueden modificar o directamente tumbar el texto en la Cámara Alta. El voto en contra en la ponencia no es, por tanto, una señal de desacuerdo técnico: es el anuncio de un bloqueo estratégico que el PP puede ejecutar cuando quiera.
El diputado del BNG Néstor Rego lo llamó sin rodeos «una nueva traición del PP a los intereses de Galicia, aferrándose a pretextos formales». La palabra «traición» es fuerte, pero la aritmética la sostiene: el partido que gobierna Galicia con mayoría absoluta, que tiene mayoría en el Parlamento gallego y que es la primera fuerza en el Congreso por los diputados gallegos, votó en contra de transferir a Galicia la principal infraestructura viaria de la comunidad.
El episodio ilumina algo más profundo que un voto parlamentario. Galicia lleva décadas pagando peajes en la AP-9 mientras otras autopistas estatales se han liberalizado. La concesión a Audasa fue prorrogada ilegalmente —según la Comisión Europea— hasta 2048, primero por el PSOE de Zapatero y luego por el PP de Rajoy. Dos gobiernos, dos partidos, un mismo perjuicio para los gallegos.
En ese contexto, la transferencia de la AP-9 negociada por el BNG en el acuerdo de investidura de 2023 representa exactamente el tipo de capital político que Cataluña o Euskadi llevan décadas usando con naturalidad: la capacidad de un territorio con identidad propia de negociar condiciones específicas a cambio de apoyo parlamentario. El BNG lo hizo. El resultado está en tramitación en el Congreso.
La reacción del PP gallego ante ese logro es reveladora. En lugar de sumarse a la negociación y exigir desde dentro las mejores condiciones para Galicia, Rueda optó por el bloqueo: primero anunciando que el texto «no le convence», luego votando en contra junto a Vox, y conservando la mayoría del Senado como palanca de veto. El resultado práctico es que el PP gallego prefiere que la AP-9 siga siendo un problema sin resolver antes que permitir que el BNG se lleve el crédito de haberlo resuelto.
Esto confirma que el PP no confía en la capacidad política y capital negociador del Gobierno de la Xunta. Un gobierno con verdadera ambición para Galicia habría negociado desde dentro, habría presionado para mejorar las condiciones económicas desde la mesa, habría convertido la AP-9 en un triunfo propio. Rueda eligió el portazo. Y los gallegos seguirán pagando peaje hasta que alguien cambie esa decisión.
