La política de transporte en Galicia atraviesa una fase de desorden que evidencia la falta de planificación tanto en el ámbito autonómico como en el estatal. En los últimos meses se han repetido conflictos laborales en el transporte de autobús que denuncian la indefinición por parte de la administración autonómica e incidencias reiteradas que ponen en evidencia las deficiencias del sistema ferroviario gallego que el Estado no ha resuelto de forma satisfactoria. La primera ciudad de Galicia, Vigo, se ha visto desprovista de transporte ferroviario durante varios días con escasas explicaciones por parte de RENFE, dejando a los viajeros sin alternativas.
En el caso del transporte por carretera, competencia de la Xunta de Galicia, los problemas también se acumulan. La negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores de autobuses ha sido tensa y prolongada, con huelgas y jornadas de paro en toda la provincia de A Coruña que han afectado a cientos de viajeros, que se han visto con servicios limitados o interrumpidos por la paralización del transporte interurbano. Ante este conflicto, el BNG levantó la voz contra la Xunta denunciando en el Parlamento gallego que “miles de personas están siendo utilizadas por Monbus como rehenes mientras la Xunta, autoridad competente y responsable de velar por los intereses de los usuarios, se comporta como un lacayo servil de Monbus y de Raúl López” y reflejando el malestar de la formación nacionalista con la percepción de que la Xunta prioriza la estabilidad contractual con concesionarias privadas por encima de la calidad del servicio y las condiciones de los trabajadores.
En este contexto el diputado del partido nacionalista Néstor Rego ha recordado que la implantación de servicios de Cercanías en Galicia fue uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de investidura entre el Bloque y el PSOE, un pacto en el que el BNG logró introducir un “plan integral de modernización de la red ferroviaria en Galicia” que contempla estudiar y desplegar trenes de Cercanías antes de que finalice la legislatura. En septiembre de 2025 la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, instó a avanzar mejoras urgentes en áreas como la conexión ferroviaria de Ferrol, calificando a la ciudad como “discriminada” debido a la lentitud del servicio y a la falta de frecuencias, señalando que el Ejecutivo autonómico no ha impulsado las transferencias ni la modernización necesaria. Estas declaraciones se enmarcan en la visión del Bloque de que el transporte debe ser parte de una política pública central y coordinada que responda a las necesidades reales de la población gallega.
Además de las reivindicaciones en materia de transporte público, el BNG también ha aprovechado sus espacios de negociación con el Gobierno central para conseguir compromisos en infraestructuras relevantes para la movilidad. Un ejemplo es el avance en la tramitación de la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia, una demanda histórica para que la comunidad asuma la titularidad y gestión de la vía, lo que permitiría avanzar hacia su despolitización y eventual supresión de peajes. El diputado Néstor Rego anunció que el grupo logró que el PSOE apoyase medidas para acelerar la tramitación legislativa de ese proceso y cerrar el plazo para la presentación de enmiendas, con el objetivo de que la ley pueda aprobarse en el período de sesiones y antes de que termine el año.
El BNG ha evidenciado que sólo recurriendo a la negociación y a la presión institucional Galicia podrá avanzar en la vertebración de su sistema de transporte público, en contraste con lo que califica de improvisación o desatención de las administraciones mayoritarias.
