El sistema de financiación autonómica es uno de los grandes debates de la legislatura en Galicia, y una de las piezas de negociación del PSOE con las Comunidas Autónomas, a empezar con Cataluña. Con ajustes parciales y sin reformas estructurales desde hace años, vuelve a ponerse en el centro de la agenda política con la nueva propuesta del Gobierno central, empujado por ERC y con Andalucía y Cataluña como grandes beneficiados. Presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la iniciativa no cambia en esencia el poder de decisión centralizado en Madrid y introduce cambios de cáluclo de cara a aumentar los recursos totales para las CCAA, ceder un mayor porcentaje de impuestos estatales y revisar los criterios de reparto con el ánimo de lograr un mejor trato a Cataluña y algunas otras comunidades autónomas; sin embargo, la propuesta ha suscitado críticas por su impacto territorial desigual, por mantener intacto el poder de decisión en Madrid y por no atender la singularidad estructural de comunidades, en especial Galicia, algo que hizo saltar todas las alarmas en la sede de los Nacionalistas.
El Partido Popular, a pesar de gobernar en la Xunta con mayoría absoluta, ha optado por una estrategia homogénea en toda España, evitando tomar la iniciativa respecto a la dirección estatal del partido
Los de Ana Pontón han manifestado su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno central y ERC, argumentando que es “insuficiente, centralista y lesiva” para Galicia, y recordando que la comunidad solo percibiría el 2,8% del aumento global, cifra que se sitúa por debajo de las asignadas a otras regiones. Ante esto, Ana Pontón describe la desigualdad como una muestra de discrimación hacia la comunidad gallega, y defiende un modelo alternativo que permita a Galicia gestionar y recaudar la totalidad de sus recursos, como ya hacen otras comunidades en España.
Para Galicia, el problema no reside sólo en el contenido de la reforma sino también en su falta de protagonismo en la negociación. El Partido Popular, a pesar de gobernar en la Xunta con mayoría absoluta, ha optado por una estrategia homogénea en toda España, evitando tomar la iniciativa respecto a la dirección estatal del partido. El PSOE en Galicia, por su parte, ha pasado de puntillas sobre la cuestión y ha abordado la reforma amplificando el mensaje diseñado en Moncloa y en le Ministerio de Hacienda. Este enfoque, en el que Galicia sigue siendo un sujeto pasivo, dificulta un debate productivo sobre los criterios que deberían regir la financiación autonómica y cronifica la situación de Galicia como un actor secundario.
En este escenario, el BNG reclama la necesidad de abrir una discusión seria sobre la autonomía fiscal y la capacidad de negociación de Galicia. Más allá de fórmulas concretas, el BNG insiste en que el actual sistema no garantiza ni suficiencia financiera ni equidad territorial y limita la posibilidad de desarrollar políticas propias adaptadas a la realidad gallega.
La estructura demográfica, el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y el peso de los servicios públicos en el medio rural convierten a Galicia en una comunidad con necesidades específicas que no siempre encajan en los modelos de financiación diseñados desde una lógica uniforme. Sin un sistema que tenga en cuenta estas particularidades, el riesgo es consolidar desigualdades y perpetuar una dependencia financiera que reduce el márgen de autogobierno. El debate sobre la financiación no es, por lo tanto, una cuestión técnica reservada a especialistas, sino que tiene consecuencias directas sobre la estrategia industrial y económica, la sanidad, la educación, o la capacidad de inversión pública. Cada decisión en este ámbito define qué servicios se pueden garantizar y en qué condiciones, y qué margen tiene la comunidad para decidir sobre sus propias prioridades.
El BNG reclama la necesidad de abrir una discusión seria sobre la autonomía fiscal y la capacidad de negociación de Galicia.
Frente a la pasividad de la Xunta, el BNG reclama de estos una posición activa: situar a Galicia en la mesa de negociación con una propuesta clara y con una voluntad de defender sus intereses, sin depender exclusivamente de equilibrios políticos ajenos. Esto implica asumir que la financiación autonómica es un elemento central del autogobierno y no un asunto secundario que pueda posponerse indefinidamente, por lo que en este contexto, la ausencia de una voz gallega firme en el debate supone una oportunidad perdida. Galicia no solo necesita recursos suficientes, sino capacidad para decidir cómo se gestionan. Sin autonomía financiera, la autonomía política queda limitada.
