Un proyecto de alquiler social impulsado por la Xunta de Galicia en colaboración con la cooperativa Galivivienda en el barrio de Xuxán, A Coruña, ha generado controversia debido a los elevados costes para los inquilinos. Las rentas mensuales alcanzan los 975 euros, sumando alquiler y aportaciones obligatorias de capital, lo que ha provocado descontento entre los cooperativistas de bajos ingresos que esperaban soluciones habitacionales más accesibles.
Galivivienda justifica el aumento de los costes por las condiciones impuestas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para conceder un préstamo de 36 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda desmiente esta afirmación, lo que ha generado dudas sobre la gestión financiera del proyecto.
El proyecto, que ha recibido más de 10 millones de euros de fondos europeos, podría perder esta ayuda si no se completan las obras para mediados de 2026. Actualmente, las obras ni siquiera han comenzado debido a la falta de pago de licencias.
Además, los responsables de Galivivienda, Iván Blanco y Rafael Román, tienen antecedentes por alzamiento de bienes y gestionan el proyecto a través de sus propias empresas, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y viabilidad del proyecto.
