La política de acogida de menores migrantes no acompañados ha abierto un nuevo frente de conflicto entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central. El ejecutivo autonómico, presidido por Alfonso Rueda, ha manifestado su oposición al plan estatal de redistribución de menores, asegurando que Galicia «no va a aceptar un trágala» y exigiendo más información y recursos antes de asumir su cuota de acogida.
El plan del Gobierno central busca redistribuir alrededor de 320 menores migrantes en Galicia, dentro de una estrategia para aliviar la presión sobre las comunidades que están recibiendo el mayor número de llegadas, como Canarias y Andalucía. La conselleira de Política Social, Fabiola García, argumenta que los centros de acogida gallegos ya están sobreocupados y que la Xunta no fue consultada de forma adecuada antes de la toma de esta decisión.
Desde Madrid, la respuesta ha sido clara: Galicia, como el resto de comunidades, debe asumir su parte en la gestión de una situación humanitaria compleja. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, advirtió que la solidaridad territorial es un principio fundamental para garantizar el bienestar de estos menores, que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de los derechos humanos y colectivos sociales critican la postura de la Xunta y piden que se priorice el interés de los menores frente a las discrepancias políticas. La presión mediática y social podría convertir este conflicto en una cuestión central del debate político gallego en los próximos meses.
La negativa de la Xunta a aceptar la redistribución abre así un nuevo episodio de confrontación con el Gobierno central, que podría derivar en una batalla legal si no se llega a un acuerdo. En pleno contexto preelectoral, con elecciones europeas a la vista, esta cuestión podría marcar el pulso político en Galicia y reforzar las estrategias de diferenciación entre PP y PSOE en la comunidad.
