La reciente propuesta del Gobierno central para condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia en la actuación del Partido Popular de Galicia: la subordinación de los intereses de Galicia a las directrices de su liderazgo en Madrid. Esta actitud contrasta notablemente con la defensa activa de los intereses gallegos que caracterizó al partido en épocas anteriores.
El acuerdo entre el PSOE y el BNG, alcanzado en noviembre de 2023, incluía medidas significativas para Galicia, como bonificaciones de hasta el 75% en las autopistas AP-9 y AP-53, la implantación de trenes de cercanías y, crucialmente, la condonación parcial de la deuda autonómica. Este último punto buscaba equiparar a Galicia con otras comunidades beneficiadas por medidas similares, garantizando un trato justo y equitativo.
En el pasado, el partido se caracterizó por una defensa firme de las necesidades y demandas de la comunidad, incluso cuando esto implicaba desmarcarse de las directrices nacionales.
Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado reticencias a aceptar esta condonación de deuda. Argumentando que Galicia “fixo os deberes en materia de axustes financeiros e non gastou o que non tiña”, Rueda sostiene que la comunidad no necesita dicha quita. Esta postura ha sido interpretada por muchos como una alineación con la estrategia de Alberto Núñez Feijóo desde su posición en Madrid, priorizando la unidad de criterio del partido a nivel nacional sobre los beneficios evidentes que esta medida aporta a las finanzas gallegas.
La oposición no ha tardado en reaccionar. El BNG ha acusado a Rueda de “traizoar” a Galicia por rechazar una oportunidad que aliviaría significativamente la carga financiera de la comunidad. Ana Pontón ejemplificó la situación comparándola con una hipoteca: “Ningunha persoa que estea pagando unha hipoteca renunciaría a que lle reduciran un 33% da súa débeda”. Esta metáfora subraya la incomprensión ante la negativa del gobierno autonómico a aprovechar una medida claramente beneficiosa para las arcas públicas gallegas.
El PP gallego viene priorizando la unidad de criterio del partido a nivel nacional sobre los beneficios evidentes que esta medida aporta a las finanzas gallegas.
Además, desde el Gobierno central se ha instado a Rueda a reconsiderar su posición. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, enfatizó que “non ten sentido que rexeiten recursos” que podrían fortalecer la economía de la comunidad. Esta llamada de atención resalta la paradoja de un ejecutivo autonómico que, en lugar de aprovechar oportunidades financieras favorables, las rechaza por alineamientos políticos
La situación actual refleja una divergencia preocupante respecto a la tradición del PPdeG de anteponer los intereses de Galicia. En el pasado, el partido se caracterizó por una defensa firme de las necesidades y demandas de la comunidad, incluso cuando esto implicaba desmarcarse de las directrices nacionales. La actitud de Rueda, influenciada por Feijóo desde Madrid, evidencia, una vez más, una priorización de la disciplina partidaria sobre los intereses de los gallegos.
