El Ayuntamiento de Pantón tendrá que reconocer a los trabajadores que presten el servicio de ayuda a domicilio una jornada laboral a tiempo completo de 37,5 horas semanales, al igual que se aplica al resto de la plantilla municipal. Así lo recoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Lugo, como consecuencia del conflicto colectivo presentado por la CIG, ya que hasta ahora el Ayuntamiento obligaba a trabajar 40 horas semanales a los trabajadores de SAF que trabajan a jornada completa.
A pesar de los pedidos de la CIG y de los trabajadores al respecto, el gobierno municipal se ha negado en todo momento a reconocer el derecho de este colectivo a tener una jornada laboral semanal de 37,5 horas, tal como lo establece desde 2018 la legislación estatal para el personal del sector público, incluidas las administraciones locales.
Para negarle este derecho, el Consejo se refirió a que los trabajadores de SAF tenían marcada en sus contratos una semana laboral de 40 horas. Pero, a falta de convenio colectivo que regule las condiciones de trabajo de la plantilla del Ayuntamiento de Pantón, el día legal de aplicación es, y así se señala en la sentencia, el que determine la legislación general en materia de función pública.
Y en este sentido, la sentencia señala que “no es posible que en un contrato de trabajo se fije una jornada de trabajo superior a la prevista en la norma legal”. Además, la resolución señala que los trabajadores de SAF tienen una jornada laboral semanal de 37,5 horas desde julio de 2018, por lo que ahora los compañeros y el sindicato estudiarán la posibilidad de presentar también denuncias individuales reclamando las indemnizaciones que les correspondan por el exceso de trabajo realizado. .
La CIG critica que el Consejo no haya atendido las justas y legítimas demandas de los trabajadores, insistiendo en la discriminación que sufrían con respecto al resto del personal municipal, y haya sido finalmente la justicia quien les reconoció un derecho que ya tenían por ley.
Desgraciadamente, esto es una prueba más del escaso reconocimiento laboral y social de los trabajadores que prestan servicios de ayuda a domicilio (incluso cuando el servicio es gestionado directamente por la administración, como en este caso), a pesar de que realizan labores imprescindibles para los centros. de la gente.
