Varios centenares de personas participaron ayer en la manifestación celebrada ayer en Carballiño en defensa del derecho de huelga y contra la represión sindical en la empresa GRI Towers, que ha denunciado penalmente a cuatro empleados a los que acusa de daños y perjuicios por valor de 138.000 euros.
La marcha, convocada por las federaciones de industria CIG, CCOO y UGT, partió desde la estación de tren pasadas las 18:30 horas al grito de «maltrato patronal, respuesta sindical» y «Torres GRI, escuchen, estamos luchando» y finalizó frente del Ayuntamiento, donde una representación de la central sindical y de los afectados fue recibida por el alcalde, que se comprometió a mediar con la Subdelegación del Gobierno y con la propia empresa.
El secretario autonómico de la CIG-Industria de Ourense, Indalecio Gómez, agradeció la solidaridad mostrada por los trabajadores que viajaron desde gran parte de la geografía gallega para participar en una movilización en la que participaron el secretario nacional de la federación, Xoán Xosé Bouzas, y el máximo responsable de CIG-Ourense, Anxo Pérez Carballo.
Gómez denunció la campaña represiva lanzada por GRI Towers contra los trabajadores que participaron en la reciente huelga para exigir un acuerdo digno en el sector siderúrgico. “Como el personal de la empresa secundó masivamente la huelga indefinida, a excepción de un pequeño grupo de ardillas, la dirección decidió vengarse viéndose obligada a tener que subir los salarios”.
En este contexto, la empresa ha presentado denuncia penal contra cuatro trabajadores, a los que acusa de causar daños por valor de 138.000 euros a unas torres eólicas que aparecieron desprendidas con pintura. Gómez considera desproporcionada la cantidad, “sin contar que no está probado que estos compañeros fueran responsables de los hechos que se les imputan”. Al mismo tiempo, criticó el hecho de que la empresa ha estado imponiendo varias sanciones a otros trabajadores desde que finalizó la huelga.
El dirigente sindical sostiene que estas represalias de la empresa contra los trabajadores que estuvieron en primera línea durante las movilizaciones responden a la campaña de criminalización lanzada por la patronal, «a la que se sumaron los medios de comunicación y los poderes políticos porque sabían que la victoria de los trabajadores/as de siderometal sería un ejemplo para otros sectores y eso revitalizaría la negociación colectiva en la provincia”.
En este sentido, recuerda que la represión sindical constituye una vulneración de los derechos fundamentales, “pese a que nunca vemos que el poder político ordena acciones contra la empresa responsable; lo que sí vemos son campañas mediáticas de criminalización mediática contra los trabajadores que simplemente defienden que si suben los precios, suben los salarios”.
