El CIG-Saúde considera que el cierre de la planta de Medicina Interna (con 38 camas) durante los meses de julio, agosto y septiembre en el Hospital da Mariña carece de cualquier justificación técnica posible y que solo obedece a «una política sanitaria de recortes del Partido Popular que busca el desmantelamiento de la salud pública en nuestra región».
El cierre comenzará el 15 de junio, bloqueando 8 camas y reduciendo personal para, a partir del 1 de julio, cerrar las puertas de la planta de Medicina Interna, perdiendo así la capacidad del hospital de tener 38 camas disponibles para admitir pacientes que así lo requieran.
Desde la federación CIG se afirma que el cierre de camas forma parte del conjunto de políticas que el PP está poniendo en práctica para desmantelar el sistema sanitario público “en beneficio del gran capital y la medicina privada ubicada en las grandes ciudades; una ofensiva recentralizadora que distancia en lugar de acercar la salud pública a la ciudadanía».
La dirección del Hospital justifica el cierre de estas camas por la falta de personal de enfermería, situación generada por la propia dirección y que el central abertzale viene denunciando desde 2019. “El personal de enfermería, señalan, ‘huyó’ a otros territorios como Asturias o el País Vasco, en busca de un mejor futuro laboral, donde tengan garantizada la estabilidad».
El CIG-Saúde pide desde hace años a la dirección que dignifique la contratación, ofreciendo contratos estables con factura establecida, con derecho a vacaciones y que el personal esté protegido en el trabajo en caso de enfermedad o accidente, una demanda que no se ha cumplido en absoluto.
Por el contrario, la dirección de Enfermería y el director del área de salud del hospital marino, pese a las demandas trasladadas, negaron que esa fuga de profesionales fuera por motivos laborales, señalando que se van por motivos personales. “Si no tenemos el personal que necesita este centro”, señalan, “el único responsable es la dirección del hospital de las precarias políticas de contratación de los últimos años”.
Este cierre de camas tendrá consecuencias para los enfermos y supondrá un aumento de las derivaciones al HULA, ya que en el hospital de Burela no hay camas libres. Una práctica que se viene realizando desde hace unos meses “y que está causando malestar a las personas afectadas y familiares que se ven obligadas a desplazarse innecesariamente por una mala planificación de la gestión en un hospital que acaba de ser ampliado”.
Estas medidas provocan también un aumento de las listas de espera, favoreciendo la derivación de pacientes a la sanidad privada para cumplir con la Ley de Garantías. “La ley dice que los pacientes tienen que ser atendidos en 60 días para intervenciones quirúrgicas y en 45 para consultas o pruebas diagnósticas. La imposibilidad de cumplir esos tiempos en la sanidad pública favorecerá su derivación a la sanidad privada, que es donde serán atendidos”.
Pero el cierre de camas también tendrá consecuencias para los profesionales que serán trasladados a otros servicios y unidades. “Los calendarios de trabajo que tenían asignados decaen, echando por la borda toda la planificación que habían hecho de su vida personal durante los meses de julio, agosto y septiembre, provocando entre los trabajadores enojo, indignación y aumento de las ganas de salir del Hospital de Mariña. Posiblemente, como consecuencia de estas políticas, el próximo año tengamos menos personal de enfermería”, explican.
El CIG-Saúde sostiene que durante el período estival la actividad asistencial no puede disminuir porque «las poblaciones de las zonas costeras, al menos, se duplican en esa época y los pueblos del interior de la región también se llenan con los cientos de personas que vienen desde fuera». También argumenta que la gente «también se enferma en verano».
“Cerrar camas y reducir la actividad no es en absoluto una buena gestión, es simplemente una medida que solo busca el ahorro económico y privará a los navegantes de una asistencia sanitaria de calidad durante el verano”, concluyen.
