A medida que nos acercamos al ecuador de la legislatura con Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia, las prioridades políticas han ido trasladándose hacia los asuntos históricamente defendidos por el Bloque Nacionalista Galego. Frente a la intención inicial del Ejecutivo autonómico de impulsar proyectos propios –como la macrocelulosa de Altri o la reindustrialización–, y hacer desde la Xunta oposicion a Pedro Sánchez, la presión del BNG en el Parlamento ha logrado forzar cambios significativos de rumbo. El presidente gallego, con toda su disciplina de partido, ha ido incorporando las iniciativas planteadas por la oposición nacionalista. Así, por ejemplo, Rueda reconoció en diciembre de 2025 que el controvertido proyecto de Altri “ya no es prioritario” para la Xunta , relegándolo “a algo incluso secundario” tras quedarse sin financiación europea ni conexión eléctrica . Este viraje es ilustrativo: un plan considerado emblemático por el PPdeG de la pasada legislatura fue desplazado casi por completo, dando una señal clara de que el BNG impuso al menos la discusión sobre su continuidad.
El BNG marca la agenda en Galicia, y en política eso es en sí mismo una de las más grandes victorias, así como la mejor garantía de triunfo en las urnas.
El mismo patrón se repite con la vivienda pública. El BNG ha alertado desde la oposición que el derecho a una vivienda digna es un prioridad absoluta en esta legislatura. En el pleno de diciembre de 2025, Ana Pontón recordó a Rueda que el PP “dinamitó la política de vivienda” durante sus mandatos y le reprochó promesas incumplidas: de las 4.000 viviendas públicas comprometidas por el Gobierno anterior, sólo se habían entregado 47 ¡. Bajo esta presión, la Xunta terminó haciendo de la vivienda el eje central de su comunicación política. El presidente anunció que triplicaría para 2025 el presupuesto de suelo residencial y viviendas públicas hasta 126 millones de euros, e introdujo medidas normativas para reducir a la mitad los plazos de tramitación de nuevos desarrollos, facilitar la conversión de locales en pisos, etc. Es decir, la política de vivienda –uno de los temas por los que más han presionado los nacionalistas – se ha situado ahora en el epicentro de la acción del Gobierno autonómico.
En materia de competencias autonómicas, el Gobierno gallego también se ha visto obligado a dar un giro de 180º por las propuestas nacionalistas. Tras décadas estancadas, Galicia acaba de asumir la gestión del litoral, tras casi 17 años sin recibir traspasos de esta índole . Esta cesión, pactada con el Gobierno central en abril de 2025, es la primera transferencia “histórica” concluida en tiempo reciente, y el propio Rueda ha ensalzado este acuerdo como un ejemplo de “cogobernanza” con el Estado . Paralelamente, el presidente avanza en reclamar nuevas competencias ejecutivas en materia de empleo e inmigración (contradiciendo, de paso, la estrategia de Génova): por ejemplo, anunció que exigirá el traspaso de las autorizaciones de trabajo para inmigrantes (una competencia que ya gestionan otras comunidades). Igualmente, ha dicho que reclamará la homologación de títulos extranjeros en la enseñanza superior , tras cerrar lo del litoral y la meteorología y esperar la transferencia de la autopista AP-9. Todo ello responde a la agenda más amplia de “avanzar en transferencias competenciales” que anunció Rueda para esta legislatura.
Otro apartado donde la pauta la marca el BNG es la lengua gallega. El Ejecutivo popular inició el mandato defendiendo el mantenimiento de su actual modelo lingüístico (incluido el polémico “decreto do plurilingüismo” de 2010) y minimizando la necesidad de acuerdos. Sin embargo, la oposición forzó un cambio. En 2024 la Xunta anunció que renovaría el histórico Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004, cumpliendo una exigencia explícita del BNG para negociar un nuevo “pacto pola lingua”. Ahora, Rueda insiste públicamente en impulsar un “gran pacto por la lengua gallega” y afirma que 2026 será el año del Pacto pola Lingua junto a la actualización de ese Plan Xeral . Estas declaraciones suponen dar cancha a uno de los objetivos principales de la formación nacionalista: blindar y fortalecer el uso del gallego. No obstante, la Comisión del PP condiciona estos pasos a mantener vigente el decreto del plurilingüismo, lo que el BNG denuncia como incumplir el espíritu de consenso exigido. Aun así, la iniciativa de reabrir el debate lingüístico –incluso convocando encuentros con partidos y entidades– demuestra que el Ejecutivo acepta ahora el eje temático planteado por el BNG, tras años de freno en la política de lengua.
En este contexto, la acción del Gobierno de Alfonso Rueda aparece crecientemente condicionada por una dinámica reactiva. La Xunta no lidera el debate en ámbitos centrales como la vivienda, la lengua o el desarrollo del autogobierno, sino que se ve compelida a posicionarse, rectificar o reformular prioridades en función de una presión política sostenida y coherente ejercida desde la oposición. La incorporación de estos asuntos a la acción de gobierno no responde a una estrategia propia del Ejecutivo, sino a la necesidad de no quedar desfasado respecto a una agenda que ya ha sido asumida por la opinión pública.
Este fenómeno tiene consecuencias políticas de fondo. Cuando un partido de la oposición consigue que el gobierno adopte sus ejes discursivos, aunque sea de forma parcial o adaptada, se produce una transferencia simbólica de centralidad política. El electorado percibe quién propone, quién empuja y quién llega tarde. La capacidad de condicionar la acción del poder sin ejercer el poder formal es una de las formas más eficaces de acumulación de capital político a medio plazo.
El BNG marca la agenda política en Galicia, y en política eso es en sí mismo una de las más grandes victorias, así como la mejor garantía de triunfo en las urnas.
